La táctica que se vuelve estrategia. Para la arquitectura informal, formación informal

Autor: Julián Salvarredy

 

Este texto pretende reflexionar sobre la necesidad de revertir una sostenida y extendida tendencia a considerar y consolidar como los lugares alternativos, marginales, accesorios a los espacios que las instituciones ofrecen o definen para la formación integral de arquitectos y arquitectas. Lo estructural continúa siendo la formación acrítica de profesionales descontextualizados y técnicamente hábiles para resolver procedimientos sin problematizar sobre su sentido, actores o dinámicas territoriales.

 Se trata de observar lo principal de esta situación, más allá de reconocer complejidades o matices, visibilizar una cuestión estructural, que es la persistencia en el ámbito académico de la opresión de este tipo de perspectivas. Más allá de haber aprendido a reconocer lo que sí se logra y lo que hemos podido construir, proponer una reflexión que pretende aportar a que esa capacidad no termine deformando nuestra acción de un modo que se vuelva absolutamente contradictorio con el propósito que la moviliza.

 

 

La arquitectura en la producción urbana es una perspectiva integral, no es la arquitectura para pobres.

El debate sobre el sentido de nuestras profesiones, no puede ser un debate marginal o deliberadamente empantanado en el ámbito universitario. La perspectiva integral de la arquitectura en la producción urbana registra la existencia de los barrios populares, de la informalidad urbana; es un error suponer que es su objeto de estudio. Por el contrario, la perspectiva relacional de las dinámicas territoriales permite visibilizarla como parte de los espacios en los que se desarrolla la vida, de una producción urbana que requiere de su existencia y define en un contexto desigual su localización, y su capacidad o no de realizar el derecho a la ciudad o la vivienda.

La estructura académica de las universidades públicas tiene en los cogobiernos un valioso ámbito de participación de profesores, graduades y estudiantes. También la proporción y reglas en las que se desenvuelven estos gobiernos, así como sus circuitos administrativos y presupuestarios se consolidan como resortes de quienes en definitiva tienden a reproducir los aspectos estructurales de sus disciplinas.

Los sectores más conservadores del sistema han logrado dominar los hilos del cogobierno de un modo que les permite, en líneas generales, sostener perfiles profesionales dominantes, que formen trabajadores aptos para reproducir lo que las corporaciones de cada disciplina necesita.

En este contexto, es habitual relegar las propuestas que conciben a la arquitectura como parte de una producción urbana que contiene lo formal e informal como una totalidad a lugares marginales como asignaturas no reconocidas, pasantías sociales, prácticas preprofesionales voluntarias, experiencias alternativas, posgrados especializados.

Es profundamente contradictorio hacer del acceso a estos espacios académicos, que se logran como resultado de una injusta relación política, el punto de llegada. Es necesario estar atentos a cuanta energía demanda la burocracia de la marginalidad y nos aleja de los propósitos principales de nuestra acción. De la formación integral de profesionales que promuevan un territorio más justo y democrática.

La arquitectura es en contextos de desigualdad, no debe limitarse a un sector

Pensar que trabajar la cuestión de la desigualdad es un tema es, desde un punto de vista de cualquier racionalidad bienintencionada, un error, y desde quienes pretendemos transformar esa desigualdad, contradictorio. En Latinoamérica, el hábitat autoconstruido, o autogestionado por fuera de las formas hegemónicas, constituye entre el 12 y el 60% del total de nuestras ciudades. Por otra parte, cabe preguntarse, en la ciudad que se autodenomina formal, cuanto de lo diseñado queda para un pensamiento crítico, creativo, y cuanto esta predeterminado por las condiciones formales, estéticas y funcionales del mercado.

Hasta qué punto podemos seguir aceptando la marginalidad los arquitectos y arquitectas que durante muchos años promovemos una reconstrucción crítica de nuestra identidad, del rol que ocupamos en nuestra historia, de la relevancia de repensar la producción arquitectónica y urbana para poder revertir la reproducción sistemática de la desigualdad y la injusticia territorial.

Claramente, frente a la inercia sistemática de un aparato burocrático y poderoso como las grandes universidades nacionales, no se trata de una tarea sencilla, ni exclusiva de las disciplinas. Pero esto no puede ser excusa para aceptar y naturalizar los espacios alternativos que aparecen como lugares marginales en las universidades. Y que, por otra parte, funcionan como la decoración necesaria del escenario democrático.  

La posibilidad de transformar instituciones como la universidad está atada a la posibilidad de promover la transformación del territorio de las organizaciones sociales, populares, territoriales. Desde la acción conjunta se construye tanto el saber, como las articulaciones que promueven crecer en todos los ámbitos.

La enseñanza de la arquitectura debe ser en la producción urbana, no una especialización de posgrado.

 Por otra parte, el sentido de la profesión no es un tema menor, porque en su debate se integran también la forma de organización de los gobiernos de las casas de estudio, y también sus contenidos y métodos. La verdadera heterogeneidad de perfiles podrá ser un primer gran triunfo, pero observado en profundidad, si este desarrollo heterogéneo no alcanza todas las dimensiones de la formación nacerá mutilado. No se trata de un reclamo de cupos, no alcanza con la impronta cuantitativa, no es posible comenzar un debate profundo resignando aspectos relevantes como estos.

La práctica de la arquitectura es social, es urbana, por lo tanto, su comprensión integral no puede ser para les estudiantes una experiencia alternativa, distinta o turística.

En este sentido, la construcción de propuestas, los debates y las acciones, no deben abandonar la centralidad de la formación de grado. Las cátedras feudo, les docentes precarizados, el trabajo voluntario, les estudiantes maltratados, las desigualdades y opresiones de clase y género no son accesorios o males colaterales, son consecuencias necesarias de la reproducción sistemática de profesionales acríticos. Son parte de la domesticación que hace falta para sostener el trabajo alienado que construye una y otra vez territorios injustos. Los contenidos y métodos necesarios para formar profesionales que comprendan la unidad de lo productivo y reproductivo, lo formal e informal, que sean capaces de comprender el entramado de relaciones en el que se desenvuelve la práctica de transformación del espacio.

CONCURSO HÁBITATS EMERGENTES: LA PROBLEMATICA DEL HÁBITAT Y LAS UNIVERSIDADES

Autoras: Daiana Boggio y Victoria Mansilla. Colaborador: Ezequiel Biagioni, arq.

 

La iniciativa de participar en el Concurso Nacional de Ideas Hábitats Emergentes surgió desde les estudiantes. Un grupo heterogéneo, no sólo porque unes eramos arquitectes y otres urbanistas, sino también porque estamos realizando nuestros estudios en distintas universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires. El concurso era para nosotres una oportunidad para pensar junto a profesionales los problemas y los proyectos necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población.

Nos enfrentamos a la dificultad de comprender el contexto en el cual se desarrolla la vida cotidiana de nuestros compatriotas. Teníamos que resolver cuestiones técnicas que dependiendo de la región se volvía un problema político más o menos relevante. Las diversas características climáticas, de relieve, de cercanía a los arroyos, las costumbres locales, fueron algunas de las cuestiones que nos permitieron conocer las particularidades de cada territorio, y acercarnos a la construcción de una propuesta situada de gestión democrática y colectiva del hábitat.

Como en todo proceso de aprendizaje hubo que cortar para presentar resultados. No ganamos pero eso no quita los hallazgos del camino transitado.

¿CÓMO APRENDIMOS?

Comprendimos que para proyectar las viviendas de manera tal que posibiliten una vida saludable, tanto en lo individual y colectivo, es importante partir de lo cotidiano. Propusimos espacios que logren adaptarse a las particularidades de las diferentes acciones que se darían en la vivienda y en el barrio donde se inserten, entendiendo al encuentro y la gestión compartida en las tareas cotidianas como una situación clave para generar vínculos. Nos resultó relevante contemplar la heterogeneidad de la organización social para incorporar la perspectiva inclusiva y de géneros, donde pudimos pensarlo en los distintos espacios y elementos que comprenden a la vivienda.

Para la materialización del proyecto entendimos importante enfocarnos en promover una gestión compartida, en la promoción de los conocimientos populares y técnico profesionales. Promover la articulación de los diversos actores, de manera tal de involucrar los recursos propios del territorio, ya sean empresas estatales, universidades y/o cooperativas de trabajo. De este modo comprendimos que como estudiantes y profesionales somos parte del problema, así como parte del proyecto transformador.

¿Y AHORA?

Participar del concurso resultó una experiencia enriquecedora para poder conocernos y pensar los problemas existentes en nuestro territorio. Nos permitió entender que es necesaria una transformación profunda tanto en el modo de producir, como en el modo de enseñar y de aprender arquitectura y urbanismo.

Entendemos que para seguir transformando la realidad es necesario repensarnos como estudiantes y como profesionales, repensar la universidad y las instituciones que rigen nuestra profesión. Es necesario  el trabajo colectivo, que nos permita transformar los programas de las universidades, para que incorporen los problemas de hoy, que nos permitan pensar los espacios desde la cotidianeidad, la pluralidad de voces y disciplinas. Nos parece importante incluir estos propósitos en las universidades para poder llevar a cabo nuestra formación de arquitectes y urbanistas como articuladores sociales con saberes técnicos, que nos permita proyectar el hábitat y la ciudad que pueda incluirnos a todes.

   

Arquitectura comunitaria ¿Qué es?

Autor: Julian Salvarredy

Reflexiones en un encuentro latinoamericano por la igualdad y la justicia territorial [1]

 

En ese sentido, es importante retomar algunos hitos del proceso histórico de estos encuentros, que ya van por 10 años, ya que el significado del término arquitectura comunitaria anida, para los que participamos de los distintos Encuentros Latinoamericanos de Arquitectura Comunitaria (ELAC), en el proceso colectivo de construcción conjunta de un espacio regional de unidad y acción transformadora para los profesionales del hábitat.

¿Qué reúne históricamente a les interesades en este encuentro? Nos reúne una voluntad de acción transformadora frente a una realidad desigual e injusta. Nos reúne nuestra identidad, nuestro carácter de trabajadores especializados, de profesionales de la arquitectura y el urbanismo.

Estos encuentros comienzan en el año 2010, con motivo del cumplimiento de la primera década de los arquitectos de la comunidad del Uruguay, las arquitectas de la comunidad de Uruguay tuvieron la feliz idea de organizar en Montevideo el primer Encuentro Latinoamericano de Arquitectos de la Comunidad. Tenía protagonistas invitades de la región latinoamericana, y también de otros continentes. En aquel momento fuimos invitados como coordinadores de un proyecto de extensión que dirigíamos junto con Eugenia Jaime, y que era el de “Consultorios de Arquitectura de la Comunidad”. Se presentaron allí experiencias diversas, que en su mayoría daban cuenta de procesos y proyectos arquitectónicos en el hábitat popular junto a organizaciones territoriales. Al finalizar el encuentro nuestro equipo propuso promover un segundo ELAC, y que fuera en Buenos Aires. Se debatió en asamblea, se aprobó, y a partir de ese momento nació el II ELAC, y con él los encuentros como un dinámica regional que continúa creciendo.

 


Foto izq: En la escalinata de la Universidad, al finalizar el I ELAC. (2010). Foto dcha: II ELAC. La Plata, 2012. Foto: Miguel Caamaño

 

En esos años se gestó también Proyecto Habitar (PH) como propuesta de ejercicio profesional, promovida por parte del grupo que realizaba aquellos Consultorios como proyecto de extensión, y con otres que se fueron sumando a la iniciativa. Pretendía trascender la actividad académica, continuar en la docencia y la investigación, sin abandonar como objetivo una práctica profesional territorial y colectiva vinculada a estos procesos de lucha social por transformar el hábitat. Para ese entonces el equipo participaba de procesos diversos, que excedían ampliamente el dispositivo de consultorios de arquitectura, abordando todas las escalas y temas de la arquitectura y el urbanismo, pero siempre desde una perspectiva transformadora. Proyecto Habitar ha cumplido también más de una década. En ese sentido, la historia de los ELAC se entrelaza con la de PH en el tiempo.

Continuando con la historia de los ELAC, como modo de reflexionar sobre el sentido de la arquitectura comunitaria, resulta apropiado detenerse un momento en 2012. Se trató de un evento muy importante, que reunió en Buenos Aires y en La Plata, las dos facultades más importantes del país[2], a profesionales de toda la región, y que contó con una presencia masiva de estudiantes.

 

Asamblea del Sábado en La Plata. El pizarrón con el registro de la alternativas que se iban proponiendo. II ELAC 2012. Foto: Miguel Caamaño

 

Uno días antes del II Encuentro Latinoamericano de Arquitectos de la Comunidad, llega al comité organizador el aviso de que el término “arquitectos de la comunidad” no podía ser utilizado. La persona que lo había registrado comercialmente afirmaba que sólo podían utilizarlo los que seguían su método, intimando a cambiar el nombre del encuentro. Luego de un ardua negociación, el acuerdo fue a favor de una medida intermedia, que daba una oportunidad a la reconstrucción colectiva. Aquel segundo encuentro podía ser llamado de “Arquitectos de la Comunidad”, pero en la asamblea de cierre, debía tratarse el cambio de nombre. Así fue como, en el segundo ELAC, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, en una histórica asamblea de 300 estudiantes y profesionales, y luego de un debate encendido, consensuamos que la convocatoria para el III ELAC sería al tercer Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria.

Así nació el concepto “Arquitectura Comunitaria” que reúne estos encuentros. Fue un ejercicio de debate epistemológico en el que todos aportaban desde sus trayectorias y perspectivas. Se resolvió como un modo de superar debates menores, quizás mezquinos, a favor de construcciones amplias, democráticas y colectivas. Entre los argumentos que se presentaron, quedaba claro que no se trataba de un método, ni era propiedad de nadie. Que el carácter comunitario de la arquitectura era un modo de calificar un proceso social, colectivo, que admitía incluso procesos interdisciplinarios e intersectoriales. No se buscaba recortar, sino ampliar, en el mismo camino de unidad y acción transformadora que promovía el encuentro.

Desde aquel encuentro de 2012, se intercalaron en Argentina también Encuentros Nacionales. Así fue como, con un gran esfuerzo militante de diversos grupos del país y la región, pudieron realizarse el ENAC 2013 en Tucumán (Arg.), el ELAC 2014 en Caracas (Ven.), el ENAC 2015 en Chaco (Arg.), ENAC 2017 en Santa Fe (Arg.), el ELAC 2018 en La Plata (Arg.), y el ENAC 2019 en Buenos Aires (Arg.).

 

 

De izq a dcha: Tucuman 2013, Caracas 2014, Chaco 2015, Rosario 2017

 

¿Por qué es necesario el registro de esta historia? Porque es central para orientar el debate sobre el sentido del término conocer en qué proceso y desde que perspectiva entendemos la noción de arquitectura comunitaria.

Arquitectura comunitaria es un concepto que concentra un proceso de construcción colectiva de una perspectiva integral de la arquitectura, de la práctica y la teoría arquitectónica comprendida como parte de los procesos de transformación territorial, que desde una noción situada pretende direccionar su acción a favor de un territorio más justo y democrático. A partir de este acuerdo sentido, que es una propuesta de unidad y acción transformadora, el carácter de los retos no encuentra límites temáticos, sino políticos, porque es necesario reconstruir el sentido de nuestra profesión, y con el carácter los métodos y contenidos de nuestra formación en su conjunto.

Desde este punto de vista, es una definición de sentido social, por lo tanto, es una definición de las características del trabajo, que impacta en la teoría. En el mismo sentido, es determinante de los objetivos, contenidos, recursos y actividades de la formación.

Arquitectura comunitaria puede ser una especialidad, desde el punto de vista que fue gestada en los ELAC no es solo eso. Porque no incide sobre un aspecto del trabajo de les arquitectes sino sobre la totalidad de los trabajos. En el mismo sentido, puede ser un tema, ser un perfil, desde nuestro punto de vista no es solo eso.  Porque no hay un tema de la práctica arquitectónica que pueda prescindir del conocimiento y el compromiso que surge de la conciencia del contexto injusto y desigual en el que se produce la transformación del espacio arquitectónico y urbano.

El debate y los desafíos de la arquitectura comunitaria son también integrales. Es el debate sobre la transformación que debe producirse en nuestro territorio y que profesionales requiere. Sobre la necesidad de comprender el carácter relacional de los procesos y los proyectos arquitectónicos y urbanos, en los que el sistema social-económico-productivo determina la configuración territorial y urbana, y que a la vez en un proceso dialectico, complejo, continuo, es incidido por esta. Los encuentros que promueven el debate sobre la arquitectura comunitaria se han propuesto históricamente, en definitiva, promover la formación y el desarrollo profesional en condiciones dignas de profesionales capaces de aportar en el sitio y el tiempo que les toca las transformaciones territoriales necesarias, que comprendan el modo de alcanzar proyectos y procesos democráticos que construyan una ciudad más justa e igualitaria.

 

 

[1] Este texto fue preparado para un conversatorio en el contexto de una serie de encuentros, de valiosos espacios de dialogo en vistas al V Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria – MEXICO 2021. Se propone en esta oportunidad trabajar sobre los “retos para los centros universitarios” como parte de los dilemas que nos presenta esta pandemia, como un modo de caminar en conjunto rumbo al V Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria. Los diálogos anteriores han presentado la relevancia de trabajar sobre los horizontes epistemológicos de la arquitectura comunitaria, y es importante retomar esta noción para poder identificar con certeza los retos que nos presenta la actualidad en la formación de profesionales del hábitat.

[2] Puede encontrarse la nota que resume la jornada de cierre en: https://www.facebook.com/notes/proyecto-habitar/encuentro-latinoamericano-de-arquitectos-elac-2012-jornada-de-cierre-primer-borr/403784916369151

Frente al desalojo de las familias del Barrio Ferroviario

Autores: Proyecto Habitar

 

Existe un decreto nacional vigente que suspende los desalojos, atendiendo la grave situación sanitaria mundial. A pesar de esto, entrada la noche del 10 de septiembre, se produjo el desalojo de las familias del Barrio Ferroviario, después de 18 días de hostigamiento e intentos de negociación en los que el derecho a la vivienda de los pobladores fue vulnerado. A pesar de lo dispuesto por ley, la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado acciona por el desalojo de un sector del barrio, argumentando que es parte de una “zona de operaciones”. El sector reclamado no se ha utilizado en los últimos diez años sin afectar el normal desarrollo del servicio.

El Barrio Ferroviario es uno de los 4416 que componen el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En octubre de 2018 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.453, que determinó que en estos barrios no pueden realizarse desalojos. Fue una conquista importante de las organizaciones y los movimientos sociales que lograron un reconocimiento del derecho a la ciudad, y un horizonte de posibilidad para la urbanización. A pesar de esta ley, el 10 de septiembre se desarrolló el desalojo.

En las amenazas que pretendieron sin éxito el consentimiento de los desalojados, no hubo representación institucional de los organismos nacionales, provinciales y municipales, vinculados a la cuestión, hecho que dejó a las familias en una situación de gran vulnerabilidad. Distintos representantes de la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, y algunos movimiento sociales se interiorizaron sobre la cuestión durante los últimos días, sin llegar a accionar para revertir el riesgo de desalojo inminente.

Durante la última semana, según el testimonio de los pobladores, el coordinador de seguridad patrimonial de trenes argentinos fue construyendo acuerdos particulares con cada familia: por ejemplo, que muevan sus casillas de lugar, o que achiquen sus patios para generar un pasillo. Estos acuerdos se fueron rompiendo con el paso de los días debido a las contradictorias directivas que surgieron de las autoridades. El 8 de septiembre, según los dichos de los habitantes, la jueza Arroyo Salgado, visitó a los damnificados y manifestó que no serían desalojados. Dos días después, entrada la noche, dictaminó el desalojo de las familias.

Desde Proyecto Habitar vivimos de cerca este proceso, ya que desde mayo empezamos a concurrir al barrio Ferroviario, para asesorar a las 42 familias que conforman el barrio “Victoria”, como es conocido por sus pobladores, en el proceso de urbanización. Urbanizar el barrio es urgente, la falta de acceso a la red de agua y a las redes de saneamiento en el contexto de Covid-19 constituye una cuestión fundamental para toda la población.

A mediados de julio, las familias del barrio “Victoria” frentistas a unas vías del ferrocarril que se encuentran en desuso, paralelas al muro que divide el barrio con el área de funcionamiento del ramal que va hacia Capilla del Señor, comenzaron a recibir visitas de operarios y miembros del sindicato del ferrocarril quienes, según los decires de la población, manifestaban que iban a levantar un muro frente a sus casas, en el único espacio de esparcimiento del barrio, dejando sólo un pasillo mínimo para circular. Frente a esta transformación urbana que afectaría la vida cotidiana de las familias, asesorando desde lo jurídico y técnico, buscamos la manera de conocer quienes estaban detrás de estas directivas. Era desconocido para los pobladores -ningún responsable presente nos supo confirmar- quien estaba a cargo de la administración, podía ser ADIFSE, la Sociedad Operadora Ferroviaria, o el ABB.

Estas familias ya habían sufrido un proceso de intimidación y hostigamiento muy violento en 2018, cuando se radicaron en estos terrenos, hecho que se cristalizó en acciones legales hacia ellos.

En aquel momento se llevó adelante una causa en la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de San Isidro (101931/18) y quedo en suspenso con la ley de Régimen de Regularización dominial para la Integración Socio Urbana y la obtención de los certificados que proveía esta ley.

El día 28 de agosto nos volvimos a reunir en asamblea para seguir desarrollando las acciones de la mesa de urbanización. Los pobladores pusieron sobre la mesa la situación por la que estaban pasando. La toma que se había efectuado el día 23 provocó que gendarmería se instalará en el predio, anulando uno de los dos accesos, bloqueando el ingreso para el abastecimiento diario y la mejora de las viviendas, la posibilidad de transitar libremente hacia la estación Victoria por el camino paralelo a las vías y, sobre todo, generando una situación de incertidumbre e inseguridad que atravesó a todes. A esta misma asamblea se acercaron representantes de las familias que estaban en la toma, nos contaron la situación de desamparo que atravesaban, que el único contacto que tenían era con la policía, que les pedían sus documentos constantemente. A partir de esto y con el consentimiento de las familias que estaban allí, nos propusimos acercarnos a la toma nueva. No pudimos ver la situación en la que estaban las familias hasta el día lunes, cuando ingresamos a la zona y observamos que las casillas habían sido movidas de lugar. Entre ellas, la casilla de un poblador que tenía ya varios años en el lugar, y fue desarmada para reubicar, argumentando la necesidad de la construcción de un muro. Según el coordinador de seguridad está situación era transitoria, hasta que resolvieran la situación. Hasta este momento, creíamos que lo que se esperaba era el acuerdo entre las autoridades públicas y la administración del ferrocarril, ya que la jueza Arroyo Salgado había presentado un edicto donde instó a las autoridades municipales, provinciales y nacionales para arbitrar una salida “evitando la judicialización de cuestiones que corresponde al ámbito político”.

Finalmente, se desalojaron no solo a las familias q hicieron la toma, sino a las que se localizaba cerca del predio. No sé respetó el protocolo de desalojo, se actuó durante la noche, se violentó la salida de la gente de su vivienda, y el Coordinador de Seguridad Patrimonial de la empresa se niega a darnos respuesta sobre la actuación realizada.

En síntesis, han sido vulnerados los derechos de los pobladores. Contrariamente a lo que se ha querido instalar en algunos medios, ninguna de las casas construidas por los pobladores del barrio afecta el funcionamiento del ferrocarril, han sido expulsados a pesar de que los desalojos actualmente están prohibidos por el contexto de la pandemia, y más aún en este caso, ya que este barrio está dentro de los que el RENABAP dispone a urbanizar por Ley nacional.

 

 

 

Lo cotidiano en la toma de Guernica. La lucha por un espacio para la vida.

Autor: Miguel Caamaño y Javier Orlando

 

Desde el lunes 20 de julio se estima[1]  que 2 mil familias de tres barrios de la zona decidieron tomar un predio de 100 hectáreas del Barrio Numancia, en el Partido de Presidente Perón, al sur del conurbano. Necesitadas de un espacio para la vida, las familias ocuparon el predio que se encontraba en estado de abandono desde hace más de 40 años.

El barrio, esta formado por cuatro zonas: 20 de Julio, San Martín, La Unión y La Lucha, cada una de estas zonas tiene unas 20 a 25 manzanas con unos 18 a 22 lotes, con accesos y calles internas que proponen la integración a la traza urbana existente promoviendo la continuidad de las mismas.

El trabajo por parte de las familias es constante, realizan ollas populares que brindan el sustento diario de alimento a los y las pobladoras. Tambien estan trabajando en el proyecto para las viviendas, los espacios verdes, las salitas, asi como espacios de recreación, jardín de infantes, un centro cultural con apoyo escolar, merendero, comedor y actividades culturales.  

Los cuidados frente al COVID-19, no fueron fáciles de efectivizar debido a las condiciones del hábitat y la vivienda. El acceso al agua segura para consumo y la energía eléctrica son limitados o nulos.

El trabajo sostenido que realizan las familias para autoproducir su hábitat se puede observar en las fotografias que compartimos. El derecho a la vivienda y a la ciudad se invisibiliza cuando se criminaliza la lucha por un espacio para la vida. 

Como arquitectes, la revisión crítica de estos procesos nos moviliza a pensar constantemente cómo desarrollar procesos hacia la universalización de conocimientos y la construcción de políticas públicas que incluyan como parte de sus objetivos el acompañamiento técnico-profesional. De esta forma, pobladores y trabajadores del hábitat seguimos en conjunto, construyendo un camino para promover la transformación necesaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Si bien todavía no se realizó un censo, las diferentes organizaciones locales estiman una población de de 2000 familias  que equivalen a 10000 personas.

MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN CAMPO UNAMUNO

Autora: Maite Niborski

 

Esta semana reiniciamos junto con la cooperativa de Campo Unamuno y la federación de cooperativas del movimiento evita, las obras de 32 mejoramientos habitacionales en distintos barrios de Campo Unamuno, Villa Fiorito, Lomas de Zamora.
En estos tiempos de cuarentena y aislamiento social fueron paralizadas, al mismo tiempo que se hizo visible la necesidad histórica del acceso a una vivienda saludable.
Estas obras son producto de varios años de lucha de sus pobladores, proceso que acompañamos desde el 2016, y que tiene el sentido de mejorar la calidad de los espacios de la vivienda para la vida cotidiana.

La mesa de trabajo de Campo Unamuno se gestó en el año 2012 por la preocupación de referentes de los distintos barrios que conforman Campo Unamuno para mejorar las condiciones de habitabilidad del lugar donde viven[1]. Con apoyo de la Defensoría General de la Nacion y la organización barrial consolidaron la mesa, instrumento que les permitiría tener representatividad de las demandas sociales del territorio en el municipio, a través de la causa Mendoza. Demandas en relación a la contaminación del suelo y del agua, de la necesidad de acceso a los servicios básicos de electricidad, cloacas, agua para consumo humano, gas y tratamiento de los residuos solidos urbanos, así como mejorar las condiciones de las viviendas.

En 2010 a partir de la causa mendoza, se firmó el Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo[2], a ejecutarse en etapas. Para Campo Unamuno se resolvió la producción de 217 mejoramientos habitacionales. A estos fines, se conformó la Cooperativa de Trabajo Campo Unamuno, con la idea de que los propios vecinos del barrio sean quienes produzcan las mejoras. Y se inició un proceso de gestión para retomar las obras, que nos encontró con la organización. Desde hace 4 años Proyecto Habitar y representantes barriales que conforman la mesa de trabajo y la cooperativa de trabajo de Campo Unamuno, trabajamos de forma conjunta para llevar adelante las obras de mejoramiento habitacional en los barrios D.A.M., 3 de enero, Libertad, 1° de Octubre y 2 de Mayo.

Desde el 2016 a la actualidad, trabajamos en distintos convenios por un total de 139 mejoramientos de viviendas, de las cuales 28 fueron terminadas, 15 están en obra actualmente, 2 quedaron frenadas, y 94 aún no están iniciadas. De los 4 convenios celebrados para las obras, 3 se encuentran paralizados por falta de pago de los organismos responsables, y el cuarto reinicia esta semana con escasos recursos y desembolsos inciertos, que dificultan su proyección. En el tiempo que llevan los trámites que suceden a las distintas oficinas estatales, entre relevamiento, proyecto, presupuesto, pliego, licitación y firma del convenio; y finalmente desembolso y comienzo de obra, se ha transformado la realidad económica del país con su consecuente impacto en los costos de la construcción y en la necesidad de les pobladores para mejorar su hábitat. ¿Cómo inciden los tiempos y las demoras en los pagos sobre la aplicación de los programas de mejoramiento habitacional en el territorio?

 Cuando se firmó el convenio en 2016,  el valor del m2 de obra rondaba los $13.000, el valor del dólar estaba a 15 pesos, lo que daba un valor de $400.000 para hacer la mejora. El convenio estuvo inactivo hasta 2019, donde se dispusieron los recursos para iniciar. En ese entonces, el valor de obra había pasado a $30.000 /m2, el valor del dólar había aumentado a $45, y el monto del convenio se mantuvo invariable; lo que provocó que los mismos $400.000 sirvieran para hacer una obra que contemplara las condiciones sociales de las familias, la mano de obra, los materiales, las herramientas y el trabajo profesional. El costo de los materiales y herramientas no se pudo sortear; esto implicó una restricción en la posibilidad de transformar materialmente el espacio para les pobladores, así como la precarización del trabajo de la cooperativa y del equipo técnico. Precarización que se visibiliza en las remuneraciones de quienes trabajamos, pero también en las condiciones en las que se desarrolla la práctica; dificultando el acceso a insumos básicos de oficina, movilidad, víveres; elementos de seguridad e higiene, y herramientas que mejoren la producción.[3]

A la vez implicó tomar decisiones sobre lo prioritario, en un contexto de urgencia. Construir más metros cuadrados y relegar las terminaciones en los casos de hacinamiento crítico, construir menos metros, priorizando condiciones de confort térmico e hidrófugo en casos de deficiencias pulmonares crónicas, entre otras. Una reducción de las transformaciones posibles, que no terminan de dar respuesta al déficit habitacional.

Esta situación se agravó con la inestabilidad en los pagos por parte de los organismos. Debíamos certificar acorde al plan de trabajos mensualmente, pero los pagos de cada certificado a la cooperativa se realizaban cada tres meses, situación que nos demandó proyectar una obra que permitiera estirar los recursos de un mes en 3 meses, y que se sostuvo hasta que debimos paralizar las obras por falta de pago.

El aporte del acompañamiento técnico en este sentido resulta fundamental para hacer valer los escasos recursos. Radica en el trabajo sostenido para ajustar las posibilidades de materialización a las condiciones dinámicas de la realidad, producto de los retrasos en los pagos que disponen los plazos de la burocracia, y las necesidades variantes de la población. Requiere un trabajo sostenido, porque demanda resoluciones provisorias, ajustes en los programas y planificaciones, situar los proyectos a las necesidades actuales de les pobladores, y a las posibilidades materiales de transformación.

En Argentina 12.000.000 de personas habitan en viviendas inadecuadas, de los cuales el mayor porcentaje consiste en viviendas recuperables. Los programas de mejoramientos habitacionales son necesarios y valiosos, en tanto posibilitan el rescate de lo producido social y espacialmente por les pobladores; y dan respuesta a mejorar las condiciones de precariedad material de la vida cotidiana. Contemplar el impacto del tiempo, en la desvalorización del recurso estatal dispuesto y su relación con la posibilidad de acción en el territorio, es necesario para ir hacia programas más dinámicos; con el sentido de que los recursos que se disponen, estatales y también sociales, se reflejen en un resultado en la mejora de las viviendas para la población.

 

[1]El asentamiento denominado “Campo Unamuno” se sitúa en el Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, en el extremo noreste de ese distrito, delimitado por el arroyo Unamuno, el Camino de la Ribera, la calle Hornos y la calle Chivilcoy. Se encuentra a su vez, dividido en nueve barrios: “Libre Amanecer”, “Soledad”, “La Lonja”, “1o de Octubre”, “Diego Armando Maradona”, “3 de Enero”, “17 de Marzo”, “2 de Mayo” y “Libertad», con una población, aproximada de 7.000 familias. Fuente: https://www.mpd.gov.ar/index.php/programas-y-comisiones/231-equipo-de-trabajo-rio-matanza-riachuelo-wp/1743-campo-unamuno

https://auno.org.ar/vecinos-de-villa-fiorito-en-lucha-por-la-urbanizac/

[2] El Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo determina dar respuesta a 17.771 soluciones habitacionales en barrios populares de los 14 municipios de la cuenca, de las cuales se entregaron 3.725 (el 20% en 10 años), y 6.000 obras figuran iniciadas.

[3] Para ampliar sobre las condiciones del ejercicio profesional en el hábitat popular, se recomienda la exposición de Ricardo de Francesco en la mesa de Diálogos Urbanos, Ciudad Pendiente capitulo 3, organizada por el Colegio de Arquitectos de Rosario. Link: https://www.youtube.com/watch?v=HM7Qvc6yST8

 

Una Esperanza que no es espera. Barrios populares en Campana.

Autoras: Gabriela Torrents, Mariana Aleksandrowicz 

 

La semana pasada recorrimos junto a integrantes de la organización Vecinos Autoconvocados de Campana y a pobladores de distintos barrios populares el asentamiento La Facera, el barrio Los Pioneros y el Asentamiento La Esperanza, localizados en este municipio, con el fin de conocer los problemas habitacionales que atraviesan y emprender un proceso de acompañamiento desde la Asesoría Urbana de Proyecto Habitar.

En el asentamiento La Esperanza, viven alrededor de 70 familias. Se encuentra localizado en una barranca de la reserva Ciervo de los Pantanos, bajo la Administración de Parques Nacionales. Las vecinas de este barrio, cuyo perímetro está dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), identifican que la basura es uno de los problemas más urgentes a resolver, hasta el momento ha provocado serios problemas de salud a sus habitantes. Sin servicio de recolección y con calles de tierra muy deterioradas, aspecto que dificulta trasladar los residuos al único contenedor ubicado en la entrada del barrio, muches pobladores optan por tirar o quemar los desechos en la barranca. En otro orden, este barrio se encuentra próximo a la zona de amortiguamiento denominada Tajiber, que ha sufrido un cambio de zonificación de zona rural a zona industrial, admitiendo la instalación de industrias de 3° categoría, lo que posibilita que se instalen industrias altamente contaminantes, afectando aún más el hábitat de les pobladores de La Esperanza [1] y otros barrios populares localizados en esta zona.

Existen en Campana 12 barrios que han sido relevados en 2017 por el Registro Nacional de Barrios Populares, donde habita alrededor del 15% de la población actual[2] del municipio. Habitan con las dificultades propias de quienes no pueden acceder al agua potable, a redes de saneamiento, a redes de electricidad seguras. Con viviendas sin terminar que no cuentan con iluminación y ventilación adecuada, en barrios donde el tratamiento para los residuos sólidos urbanos es inexistente. Desde Proyecto Habitar nos incorporamos a un proceso de trabajo preexistente, en el que acompañaremos a las pobladoras del Barrio La Esperanza en su lucha por el saneamiento del barrio, como una primera aproximación a la problemática en un municipio donde el problema del acceso al hábitat transciende a estos 12 barrios registrados. Privilegiando el protagonismo popular, tomando los problemas vinculados al hábitat y al ambiente de forma situada, para aproximarnos a proyectos barriales apropiados y sostenibles.

 

 

[1] Para ampliar sobre este tema: https://lac.wetlands.org/noticia/ongs-rechazan-la-rezonificacion-de-la-zona-de-amortiguamiento-del-parque-nacional-ciervo-de-los-pantanos-en-campana/

[2] Según el Registro Nacional de Barrios Populares, en Campana hay 3185 familias en barrios populares, sobre una población total de 86860 habitantes.   

 

Impactos del COVID-19 en el barrio Ferroviario, “La Victoria” de San Fernando.

Autora: Ma. Eugenia Jaime

 

Hace más de dos años un grupo de familias ocupó tierras del barrio Ferroviario, dando origen a una nueva urbanización “La Victoria” de San Fernando (ver video).

Ocupa una franja de tierra de 1 ha (una), lindera a las vías del ferrocarril General Mitre. La población que allí habita, presenta grandes dificultades para acceder a los servicios públicos de infraestructura de agua, electricidad y cloaca y un alto porcentaje de desocupación o de ocupación informal. 

La Victoria, como lo llaman sus pobladores está dentro del perímetro identificado con el nombre Ferroviario en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), declarado de interés público por la Ley Nacional 27.453. Detrás de un largo muro se encuentran dos portones que las 140 personas que conforman el barrio tienen que atravesar para llegar a sus hogares.

El servicio eléctrico, es precario, una manzana se sirve de un poste de alumbrado que se ubica a más de 300 metros y la otra está servida por una extensión acoplada a un antiguo tendido, que se ubica dentro del predio. No posee medidores individuales y sufre cortes y caídas de tensión. Con respecto a la red de agua potable, tienen una extensión precaria que se sirve del agua de un tanque ferroviario, pero no es apta para beber.

La calidad de los senderos es regular y la débil conexión con la calle no permite el acceso de camiones de recolección de residuos. Se incrementa la dificultad de transitarlos cuando la caminata es con botellas y bidones de agua que tienen que cargar en una canilla del otro lado del muro para acceder al agua. Lo mismo ocurre con el abastecimiento de energía para la calefacción y cocción de alimentos. La red de gas es inexistente, hecho que provoca la utilización de gas envasado en garrafas de 10kg y, en algunos casos, el uso de leña.

Dentro del barrio existen algunas instituciones, tales como el Comedor y Merendero “La Victoria” y la iglesia “Ministerio internacional Luz en Victoria”. Con respecto a los a establecimientos escolares de nivel inicial, primario y secundario, estos existen en las inmediaciones del barrio (menos de 1km); lo mismo sucede con las infraestructuras para la salud. 

Los cuidados frente al Covid, no fueron fáciles de efectivizar debido a las condiciones del hábitat y la vivienda. En un comienzo era difícil conseguir que los niños se queden en sus casas. En dos oportunidades el municipio llevo botellas de agua un bidón de lavandina para cada familia.

La falta de agua potable se convirtió en un obstáculo y no contaron con asistencia municipal para el abastecimiento ni para la prevención. Hubo al menos dos casos positivos que no consiguieron ser asistidos en sus domicilios. El tratamiento y la prevención estuvo a cargo de cada familia a través del uso del barbijo y alcohol en gel.

Las familias quedaron en su mayoría desempleadas, en parte por la alta tasa de empleo informal. Quienes trabajaban formalmente primero fueron suspendidos y luego despedidos.

Los préstamos, las ollas populares, los merenderos, y en algunos casos las salidas de cartoneo palearon la situación. Hubo también ayuda de personas sin fines de lucro que llevaron bandejas de comida, ropa, etc.

Quienes recibieron el ingreso familiar de emergencia se vieron favorecidos. Algunas familias pudieron comprar material para mejorar sus casas que estaban muy deterioradas, otras compraron mercadería.

La crisis sanitaria sumada a la crisis urbana-habitacional esta golpeando fuertemente a las familias del conurbano quienes están recibiendo en su cuerpo el castigo por una desigualdad estructural que necesita urgente políticas redistributivas, tanto económicas, como de suelo urbano.

 

Promotoras de Hábitat Saludable en acción

Autora: Clara Mansueto – Colaboradoras: Ana Burgos, Cecilia Maggi y Victoria Mansilla

 

Pese al aislamiento, se consolida el equipo de Promotoras de Hábitat Saludable de Ciudad Evita que continúa trabajando mediante talleres virtuales. Se trata de un proyecto de formación popular que forma parte de los instrumentos de inserción territorial desarrollados por Proyecto Habitar para abordar el acceso al hábitat saludable de manera universal (ver más). El programa se comprende dentro de las acciones de Atención Primaria de Hábitat que Proyecto Habitar viene desarrollando hace 10 años como prueba piloto de un Sistema Público de Atención al derecho al hábitat y a la ciudad (ver más).

En este contexto se trabajó en el registro de “voces de la vida cotidiana” que expresan los problemas que transitan cotidianamente las mujeres en particular y les pobladores de los barrios populares en general. Esta propuesta tiene por objetivo abrir la discusión sobre el hábitat saludable y encontrarse con otros pobladores para abordar colectivamente las inquietudes que los atraviesa cotidianamente.

Los relatos cuentan conflictos asociados a la distribución del espacio, al peso del alquiler en la economía familiar, la calidad de los servicios básicos, el aumento en el consumo y en el costo del servicio de comunicación, y los acuerdos y desacuerdos que forman parte de la dinámica social para desarrollar las actividades de manera saludable. Exponemos en esta oportunidad algunos resultados alcanzados: