America Latina, Arquitectura, Covid-19, Derecho a la Ciudad, Eventos académicos

El urbanismo de lo cotidiano, la perspectiva de géneros en tiempos de pandemia en Latinoamérica*

*El siguiente artículo forma parte de los anexos de las bases del concurso Concurso Mercados Post Covid – 19. Para mas información: https://concursomercadospc19.com/

Autora: Mg. Ma. Eugenia Jaime. Docente, Investigadora. Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento. mjaime@ungs.edu.ar

 

 

LOS MERCADOS DE FRUTAS Y VERDURAS

Entre corridas y empujones, mientras se acomodan el barbijo, van apilando los cajones y canastos con verduras y frutas. Se higieniza la zona del puesto, se preparan los toldos y se intenta guardar distancia esperando que haya lugar para todes. Si hoy no se venden algunas frutas tendrán que llevarlas a la casa. Imposible preparar comida para les compradores o para les trabajadores del mercado, ya nadie compra nada. En los últimos años el número de les trabajadores aumentó considerablemente, las edades son diversas, y no son pocos les menores de edad. Se trata de largas jornadas laborales, abarcan todos los días de la semana, y el día comienza en algunos casos a las 3 de la madrugada, extendiéndose a veces hasta la puesta del sol. Las mujeres que trabajan en el mercado realizan, en general, las mismas tareas que sus compañeros varones, sin embargo, les pagan menos dinero.

Esta escena recorre Latinoamérica, tanto en los grandes mercados como en los pequeños, lo que cambia es la capacidad de sostener el protocolo de medidas preventivas dispuestas para enfrentar la emergencia sanitaria producto del Covid-19.

La distribución de alimentos fue un rubro exceptuado de cumplir con las restricciones de circulación debido a su necesidad vital. Por lo mismo requiere de muchos cuidados para evitar contagios ya que concentra una gran cantidad de trabajadores en torno a ella.

Para dimensionar el flujo de intercambios podemos citar algunos ejemplos:

  • El Mercado Central de Buenos Aires, Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas comercializa mensualmente 100 mil toneladas de frutas y verduras de todo el país para abastecer a los 13 millones de habitantes de Ciudad y Gran Buenos Aires. En su operatoria diaria genera más de 5.000 empleos directos con un flujo de más de 000 personas por día.[1]
  • El mercado Central Mayorista de Antioquia, Central Mayorista, en pleno centro de Medellín, al mes se mueven 270 mil toneladas de alimentos, ingresan más de 55.000 personas diarias y tiene un tráfico de unos 22.000 vehículos por día.[2]
  • El Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y el Mercado de Frutas No. 2 están moviendo al mes 240 mil toneladas de productos de primera necesidad (verduras, hortalizas y frutas).[3]

En todos los casos el sistema de distribución tiene un alto porcentaje de trabajo informal, y se convierte en el pilar de las posibilidades de existencia de un alto porcentaje de los pobres urbanos de Latinoamérica.

 

CONDICIONES DE TRABAJO

Como indicábamos anteriormente el trabajo en los mercados se realiza en condiciones muy precarias y su remuneración es muy baja; la mayoría de les trabajadores que realizan estas tareas lo hacen ante la falta de otra salida laboral.

En esto último el hecho de pertenecer al género femenino aumenta las dificultades para el acceso a un trabajo de tiempo completo, bien remunerado y esto se debe a un rol construido socialmente, que delega en las mujeres y en los cuerpos femenizados las tareas de cuidado.

El mercado de trabajo (en un cruce multidimensional entre cultura, religión e ideas políticas) traza una ajustada división en la organización del trabajo para hombres y mujeres, tanto horizontal como verticalmente (Ribas Bonet, 2006). Se trata de una devaluación del trabajo de las mujeres que identifica a las actividades masculinas como normales y a las actividades femeninas como inferiores, poniendo en sus manos las actividades reproductivas, la mayoría de las veces no remuneradas por no considerarse trabajo.

En América Latina en promedio las mujeres contribuyen con el 73% del tiempo total destinado al trabajo no remunerado en los hogares, mientas que los hombres con el 27% restante.

En Argentina dos de cada tres mujeres se ocupan en puestos de baja calificación. La gran mayoría se ocupa en tareas de servicios generales, comercialización o gestión administrativa. A la vez que muestran una menor presencia en cargos de jefatura y dirección.

Esta diferenciación se traduce en la valoración del trabajo al momento de establecer la remuneración entre hombres y mujeres, desfavoreciendo a las segundas sobre los primeros. Los trabajos masculinos se pagan mejor que los femeninos. La devaluación del trabajo no remunerado que realizan usualmente las mujeres carece de jerarquía observado desde la perspectiva monetaria.

La devaluación del trabajo femenino invisibiliza el aporte de estas prácticas, y por tanto no permite que se desarrollen los conflictos y las posibilidades de reclamar los derechos asociados se vuelve muy difícil.

Además, el rol asignado al género femenino y a los cuerpos femenizados también limita el tiempo disponible de los mismos para participar en el mercado laboral y condicionar el tipo de trabajo que tienen. Las mujeres poseen una presencia mayoritaria en la economía informal, donde no poseen protección y seguridad social, toman trabajos de tiempo parcial, temporales, en negocios de subsistencia de poca rentabilidad, y en autoempleo. Dinámicas que les permita ausentarse por cuidados o ser acompañadas por sus hijos si fuera necesario. El trabajo en mercados de abastos y comercio ambulatorio es uno de ellos, allí las mujeres se concentran en los empleos de menor calidad, irregulares e informales.

En esta coyuntura las tareas reproductivas, vinculadas al trabajo no remunerado colocan a las mujeres en mayor riesgo de contagio es su rol en el cuidado de enfermos en el hogar, a la vez que son también las promotoras de los trabajos comunitarios voluntarios de cuidados y alimentación. En México, encuestas de uso del tiempo indican que en aquellos hogares con personas con enfermedades temporales las mujeres dedican 23 horas semanales al cuidado de los familiares enfermos versus 13 horas en el caso de los hombres.

 

HUBO UN TIEMPO EN QUE…

Sin embargo, esta relación asimétrica no fue siempre así, hubo momento en la historia en que el par familia-trabajo eran conceptos inseparables, lo mismo que las actividades productiva-reproductivas para las mujeres.

Mollart (1988) nos dirá que aquella “oscura edad media”, fue mucho más que un momento histórico de familias urbanas inmersas en la pobreza laboriosa, «una pobreza discreta, hasta secreta, hecha de mala nutrición crónica, de dificultades de alojamiento y vestido, sin esperanza ni alivio, privada en la mayoría del tiempo de la asistencia otorgada a las formas espectaculares de la indigencia de los mendigos, vagabundos y otros marginados”. Fue un proceso que dio lugar a profundas transformaciones en las relaciones sociales que se tradujeron en el rol de la mujer en la vida urbana. En la historia de la humanidad puede reconocerse una gran diversidad en la conformación de las relaciones humanas y organización del trabajo y la comunidad en la historia y en los diversos lugares del planeta.

Las mujeres desarrollaron todo tipo de trabajo con el fin de sostener el grupo familiar, pero por sobre todo se hicieron cargo de gestionar todos los sectores productivos, realizando tareas como ayudantes, pero también como independientes. Realizaban tareas en el campo y en la gestión del patrimonio rural; comercializando tanto los productos cultivados como artesanías; se habían ganado este espacio porque optimizan con su acción los pocos recursos disponibles.

Las mujeres fueron ganando experiencia y capacidades en actividades productivas ya fuera en la propia casa o ya en otros espacios económicos de los que después tendría que retirarse para volver a su rol en el hogar y los cuidados.

Con la revolución industrial la mujer fue excluida lentamente de los procesos de aprendizaje formal en los oficios agremiados, y de la gestión del trabajo en la industria textil quedando relegada a un rol de auxiliar, donde abundaba la mano de obra femenina y el trabajo mal pago. Se diferenció el trabajo económicamente productivo valorándolo como “real” del trabajo doméstico, económicamente “insignificante”.

En nuestro continente, las mujeres indígenas también sufrieron la desvalorización y depreciación de su trabajo, debiendo transitar un proceso de ruptura entre su rol como generadoras de vida, la estrecha relación que mantenían con la naturaleza y su cosmovisión.

En la situación actual los pueblos indígenas se caracterizan por una tremenda vulnerabilidad habitacional y urbana, que refleja la injusticia social y espacial producto de la estructura desigualdad del territorio. Tanto hombres como mujeres se encuentran en condiciones laborales de mucha precariedad, siendo su participación en mercados de alimentos la base de su economía. Las mujeres, las líderes indígenas responsabilizan al sistema colonial que se instaura con la conquista, y al sistema capitalista como responsable de la escisión que debieron transitar entre su vida y la naturaleza.[4]

Entre sus reivindicaciones el movimiento de mujeres indígenas, se reconocen como “dadoras de vida, no sólo porque parimos sino porque hacemos crecer ese nuevo ser. Nosotras somos parte y estamos dentro de ese vientre que es la Pachamama. Aquí la exigencia es reconocer la vida para todos, pero también con el ejercicio de derechos: iguales oportunidades y espacios para hombres y mujeres” (Blanca Chancosa, líder kichwa ecuatoriana, 2010).

Reflexionar sobre la división sexual del trabajo, la separación de las tareas de cuidado de las tareas productivas, la separación de la producción rural de la producción industrial nos presenta una racionalidad con alto sentido productivista que entendemos que pone en segundo lugar a las personas, y a la mujer en particular.

 

URBANISMO DE LO COTIDIANO

Las condiciones laborales de desigualdad a las que están sometidas prevalentemente las mujeres se relacionan con las posibilidades de alcanzar condiciones saludables para reproducir su existencia en tanto su accionar cotidiano. Pero no sólo es la desigualdad en los roles de trabajo, sino que la vivienda y la ciudad a la que accede también esta signada por malas condiciones edilicias, espacios reducidos, sin ventilación ni iluminación, con servicios insuficientes o inaccesibles, en general se trata de barrios de origen informal, con centros de abastecimiento sin equipamiento para el cuidado de niñes, acceso a la salud o apoyo institucional. Donde los servicios de transporte son de mala calidad o muy costosos, ámbitos donde lo más preciado son los lazos de organización tejidos por la comunidad.

La profunda disociación que existe entre lo público y lo privado nos lleva a encontrarnos en el espacio público despojados del contenido social que estos guardan en nuestras idealizaciones. Las ciudades están planificadas de manera segmentada, fragmentadas en el territorio. Por un lado, está la residencia, por otro lado, está el trabajo, por otro, las actividades de ocio y más allá, el espacio libre, sin equipamiento, sin función. Esto incrementa la dificultad de saber del otro, de conocer sus necesidades y sus experiencias.

La riqueza social que se produce en el acto de encontrarnos adquiere en los mercados una forma utilitaria y funcionalista donde las personas que compran o venden son elementos secundarios que asisten al movimiento de las mercancías. Las frutas y verduras se vuelven protagonistas y las personas simples objetos de circulación.

Sin embargo, como hemos expresado en los párrafos anteriores es necesario pensar un espacio que organice de otra manera el espacio urbano, promoviendo otro tipo de relaciones. Ya que es en las ciudades donde las mujeres se exponen mayormente a la pobreza.

Por todo los expuesto es difícil incorporar a las agendas de la política pública la voz de estos actores, cuya omisión está vinculada como hemos visto con este rol de sumisión asignado históricamente que silencia el conflicto despolitizando la acción que estos agentes practican.

La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de géneros requieren visibilizar y problematizar sobre aquellos aspectos del habitar de las mujeres donde urgen políticas públicas para afrontar estas desigualdades estructurales. La vida cotidiana, los espacios de consumo, los espacios públicos, la movilidad y el transporte, la proximidad a los equipamientos y servicios contemplando las diferencias que existen en la práctica según sexo y género. (Jaime, 2018)

 

ACCIÓN PUBLICA y GESTIÓN SOCIAL

Se trata de llevar adelante una propuesta de acción urbana y de gestión que logre articular aquellas cuestiones relegadas al ámbito de lo privado, de la reproducción, de los cuidados, del intercambio cotidiano, con las cuestiones públicas. Se propone en este sentido profundizar la observación sobre la instrumentación.

Necesitamos hacer de las prácticas y herramientas de gestión social, políticas públicas. Esto permitiría incorporar al trabajo cotidiano de gestión social los recursos del Estado.

Nos referimos a recursos tanto económicos como cognitivos y de instrumentación y registro. Promoviendo la estabilización de acuerdos; arbitrando para promover el cambio de escala de los problemas, de modo que puedan ser pública tanto la voz como los instrumentos de los que luchan por transformar la desigualdad social.

En Argentina las acciones púbicas frente al Covid-19 tuvieron como principales protagonistas a las organizaciones sociales para la gestión social de la pandemia.

El establecimiento de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alivió la situación en los hogares llegando mayoritariamente a mujeres. Esto es porque se priorizó reforzar el ingreso de les beneficiaries de la Asignación Universal por Hijo (AUH) administrada en un 90% por mujeres. El IFE también permitió visibilizar el universo de trabajo informal vinculados a los cuidados tanto remunerado como no remunerado.

Con respecto a las políticas de abastecimiento de frutas y verduras, en el mercado concentrador de Buenos Aires se está llevando adelante una propuesta denominada “Compromiso Social de Abastecimiento”. Consiste en la incorporación de la información como herramienta reguladora del mercado, ampliando los conocimientos tanto de les productores como de les comerciantes y consumidores. Se trata de soluciones informativas para aportar a la logística del abastecimiento, tarea fundamental de la ingeniería. Esta propuesta permitirá gestionar socialmente los cuidados frente al Covid-19, para poder conseguir alimentos a precios acordados contando con información, a través de una aplicación móvil, sobre los modos de desplazarse y obtener los productos necesarios según la localización de les consumidores.

Para el armado de la plataforma que da lugar a la aplicación confluyeron en su desarrollo miembros de distintas instituciones, directivos del Mercado Central, responsables de la secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación, y autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Esto refuerza la necesidad de una acción pública que ponga el centro en la sociedad.

 

UN ANDAMIAJE PROVISORIO PARA LA ACCIÓN

 Hemos recorrido a la luz de la perspectiva de géneros las relaciones desiguales que se han puesto de manifiesto a partir del advenimiento del Covid-19. Los grandes y pequeños mercados distribuidores de fruta y verduras de nuestra región, han puesto en relieve las precarias condiciones laborales del trabajo que se realiza allí, así como también lo inadecuado de sus infraestructuras para dar respuesta a los requerimientos de hombres y mujeres que dejan allí buena parte de su vida.

Las desiguales relaciones del mundo del trabajo, las magras remuneraciones que perciben les trabajadores en estos ámbitos, han profundizados los efectos dañinos especialmente en las mujeres, sobre las que recaen las tareas de cuidado y reproducción.

Mirando hacia atrás en la historia hemos podido reconocer la necesidad de centrar nuestras acciones en la promoción de acciones que permitan tanto a hombres como mujeres, reunir su trabajo reproductivo con su trabajo productivo, lo rural con lo urbano, lo público con lo privado.

A la luz de lo analizado surgen algunos lineamientos que podrían servir como andamiaje provisorio para la elaboración de proyectos de gestión social para el desarrollo de políticas de acción pública.

  • Es necesario reconocer las practicas colectivas que permiten a los actores identificarse como sujetos sociales para enfrentar los efectos de la desigualdad evitando aquellas acciones que definen a la población como objeto de ayuda social. (Quintar, 2004)
  • Promover acciones que disminuyan la brecha de desigualdad en el trabajo que hay entre varones y mujeres y desarmen las estructuras de dependencia, y asistencialismo que se gestan en torno a las politicas publicas. Tenemos que aprovechar estas oportunidades para ampliar la concepción del Estado creando herramientas que permitan incoporar a las politicas publicas, las acciones de lucha que promueven justicia e igualdad en los actos cotidianos
  • Identificar los obstaculos que enfrentamos les urbanistas y arquitectes para abordar las demandas de acción formuladas desarrollando proyectos con centro  en los individuos y sus relaciones sociales. Para ello es necesario ir más alla de los objetos “agradables” y las “formas bellas”, profundizando en las necesidades de las personas y promiendo el  el acceso a los derechos urbanos.
  • Realizar propuestas que contemplen la complejidad de actores, saberes y escalas que confluyen en un acto. Las expectativas de les actores tienen que ponerse en juego, para ello es necesario ampliar la escucha, ver mas alla de la demanda funcionalista. Promoviendo un diseño que mejore las condiciones sociales de vida de las personas..
  • Utilizar nuestros saberes en contexto, ordenar los flujos y aliviar congestiones sin dejar de proporcionar los medios para una comunicación profunda sobre la base de las redes de comunicación ya creadas por la comunidad.
  • Pensar un urbanismo y una arquitectura que retomen las bases del encuentro desarrollado historicamente. Los elementos de diseño pueden ir al rescate de formas de relaciones sociales integradoras y solidarias para enriquecerlas con los desarrollos tecnologicos actuales.
  • Diseñar espacios que promuevan el encuentro para la gestión social, para determinar cómo organizar el trabajo, como distribuir equitativamente los bienes y servicios y como dirimir los conflictos sociales que surgen en torno al trabajo.

Murray Brookchin, en su libro “los limites de la ciudad” nos recordaba que “para los griegos la ciudad era algo mas que el producto de las técnicas de diseño o de edificios dispuestos racionalmente”, poniendo en valor “la ciudad como dominio de la libertad y de la buena vida”, donde formamos parte de una totalidad organizada sin perder nuestra individualidad, condición inalienable para la diversidad creativa. Para nosostros tanto estas ideas provenientes de la cultura occidental como las que recogiamos en el desarrollo del articulo de los pueblos originarios de america, son algunas de esas claridades que no pueden pasarse por alto si queremos promover proyectos socialmente valiosos y profundamente democráticos.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

BOOKCHIN, Murray (1978) Los limites de la ciudad. Editorial Hermann Blume. Madrid, España.

BUOLLOSA, Rosana (2013) “MIRANDO AO REVÉS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS: notas sobre um percurso de pesquisa”. Extraído de https://revistas.pucsp.br/pensamentorealidade/article/view/17572

FALÚ, Ana (2015) Manual de Género para las Políticas y Planificación Territorial. Secretaria la Integración Social Centroamericana SISCA. Cordoba, Argentina.

JAIME, Ma. Eugenia (2019). “Desnaturalizar las asimetrías”. En: Construcción social de los géneros en la ciudad injusta. Editoras: Jaime, Eugenia; Mansueto Clara. Ediciones: Universidad de Buenos Aires. FADU-Instituto de la Espacialidad Humana. CABA, Argentina.

JAIME, Ma. Eugenia (2018). Urbanismo de los cotidiano. Ediciones Proyecto Habitar. CABA, Argentina.

https://issuu.com/proyectohabitar/docs/urbanismo_de_lo_cotidiano

MOLLAT, Michel (1988) Pobres, humildes y miserables en la Edad Media. Estudio social. Trad. Carlota Vallée. México, FCE.

MUXI, Zaida (2018) Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Editorial:

DPR-BARCELONA. Barcelona, España.

QUINTAR, Aida,  Calello, Tomás (2002) “Prácticas colectivas populares en la Región Metropolitana de Buenos Aires. ¿Indicios de nuevas formas de pensar-hacer política?”, en Rofman, A. (comp.), La acción local de las organizaciones sociales de base territorial, Buenos Aires: Instituto del Conurbano-UNGS/ IDEP-CTA

 

 

 

[1] http://www.mercadocentral.gob.ar/news/protocolo-de-medidas-preventivas-covid-19

[2] https://www.larepublica.co/economia/un-mercado-de-32-millones-de-toneladas-al-ano-2055511

[3] https://www.revistainternos.com.ar/2020/03/como-actuaron-los-mercados-mayoristas-de-frutas-y-verduras-del-mundo-ante-el-coronavirus/

[4] Gloria Alicia Caudillo Felix (2016) Las mujeres indígenas y el buen vivir. Extraído de http://educacionglobalresearch.net/wp-content/uploads/EGR10-04-Caudillo-Castellano.pdf

Articulos, Asesoria Urbana, Covid-19, Derecho a la Ciudad

Frente al desalojo de las familias del Barrio Ferroviario

Autores: Proyecto Habitar

 

Existe un decreto nacional vigente que suspende los desalojos, atendiendo la grave situación sanitaria mundial. A pesar de esto, entrada la noche del 10 de septiembre, se produjo el desalojo de las familias del Barrio Ferroviario, después de 18 días de hostigamiento e intentos de negociación en los que el derecho a la vivienda de los pobladores fue vulnerado. A pesar de lo dispuesto por ley, la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado acciona por el desalojo de un sector del barrio, argumentando que es parte de una “zona de operaciones”. El sector reclamado no se ha utilizado en los últimos diez años sin afectar el normal desarrollo del servicio.

El Barrio Ferroviario es uno de los 4416 que componen el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En octubre de 2018 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.453, que determinó que en estos barrios no pueden realizarse desalojos. Fue una conquista importante de las organizaciones y los movimientos sociales que lograron un reconocimiento del derecho a la ciudad, y un horizonte de posibilidad para la urbanización. A pesar de esta ley, el 10 de septiembre se desarrolló el desalojo.

En las amenazas que pretendieron sin éxito el consentimiento de los desalojados, no hubo representación institucional de los organismos nacionales, provinciales y municipales, vinculados a la cuestión, hecho que dejó a las familias en una situación de gran vulnerabilidad. Distintos representantes de la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, y algunos movimiento sociales se interiorizaron sobre la cuestión durante los últimos días, sin llegar a accionar para revertir el riesgo de desalojo inminente.

Durante la última semana, según el testimonio de los pobladores, el coordinador de seguridad patrimonial de trenes argentinos fue construyendo acuerdos particulares con cada familia: por ejemplo, que muevan sus casillas de lugar, o que achiquen sus patios para generar un pasillo. Estos acuerdos se fueron rompiendo con el paso de los días debido a las contradictorias directivas que surgieron de las autoridades. El 8 de septiembre, según los dichos de los habitantes, la jueza Arroyo Salgado, visitó a los damnificados y manifestó que no serían desalojados. Dos días después, entrada la noche, dictaminó el desalojo de las familias.

Desde Proyecto Habitar vivimos de cerca este proceso, ya que desde mayo empezamos a concurrir al barrio Ferroviario, para asesorar a las 42 familias que conforman el barrio “Victoria”, como es conocido por sus pobladores, en el proceso de urbanización. Urbanizar el barrio es urgente, la falta de acceso a la red de agua y a las redes de saneamiento en el contexto de Covid-19 constituye una cuestión fundamental para toda la población.

A mediados de julio, las familias del barrio “Victoria” frentistas a unas vías del ferrocarril que se encuentran en desuso, paralelas al muro que divide el barrio con el área de funcionamiento del ramal que va hacia Capilla del Señor, comenzaron a recibir visitas de operarios y miembros del sindicato del ferrocarril quienes, según los decires de la población, manifestaban que iban a levantar un muro frente a sus casas, en el único espacio de esparcimiento del barrio, dejando sólo un pasillo mínimo para circular. Frente a esta transformación urbana que afectaría la vida cotidiana de las familias, asesorando desde lo jurídico y técnico, buscamos la manera de conocer quienes estaban detrás de estas directivas. Era desconocido para los pobladores -ningún responsable presente nos supo confirmar- quien estaba a cargo de la administración, podía ser ADIFSE, la Sociedad Operadora Ferroviaria, o el ABB.

Estas familias ya habían sufrido un proceso de intimidación y hostigamiento muy violento en 2018, cuando se radicaron en estos terrenos, hecho que se cristalizó en acciones legales hacia ellos.

En aquel momento se llevó adelante una causa en la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de San Isidro (101931/18) y quedo en suspenso con la ley de Régimen de Regularización dominial para la Integración Socio Urbana y la obtención de los certificados que proveía esta ley.

El día 28 de agosto nos volvimos a reunir en asamblea para seguir desarrollando las acciones de la mesa de urbanización. Los pobladores pusieron sobre la mesa la situación por la que estaban pasando. La toma que se había efectuado el día 23 provocó que gendarmería se instalará en el predio, anulando uno de los dos accesos, bloqueando el ingreso para el abastecimiento diario y la mejora de las viviendas, la posibilidad de transitar libremente hacia la estación Victoria por el camino paralelo a las vías y, sobre todo, generando una situación de incertidumbre e inseguridad que atravesó a todes. A esta misma asamblea se acercaron representantes de las familias que estaban en la toma, nos contaron la situación de desamparo que atravesaban, que el único contacto que tenían era con la policía, que les pedían sus documentos constantemente. A partir de esto y con el consentimiento de las familias que estaban allí, nos propusimos acercarnos a la toma nueva. No pudimos ver la situación en la que estaban las familias hasta el día lunes, cuando ingresamos a la zona y observamos que las casillas habían sido movidas de lugar. Entre ellas, la casilla de un poblador que tenía ya varios años en el lugar, y fue desarmada para reubicar, argumentando la necesidad de la construcción de un muro. Según el coordinador de seguridad está situación era transitoria, hasta que resolvieran la situación. Hasta este momento, creíamos que lo que se esperaba era el acuerdo entre las autoridades públicas y la administración del ferrocarril, ya que la jueza Arroyo Salgado había presentado un edicto donde instó a las autoridades municipales, provinciales y nacionales para arbitrar una salida “evitando la judicialización de cuestiones que corresponde al ámbito político”.

Finalmente, se desalojaron no solo a las familias q hicieron la toma, sino a las que se localizaba cerca del predio. No sé respetó el protocolo de desalojo, se actuó durante la noche, se violentó la salida de la gente de su vivienda, y el Coordinador de Seguridad Patrimonial de la empresa se niega a darnos respuesta sobre la actuación realizada.

En síntesis, han sido vulnerados los derechos de los pobladores. Contrariamente a lo que se ha querido instalar en algunos medios, ninguna de las casas construidas por los pobladores del barrio afecta el funcionamiento del ferrocarril, han sido expulsados a pesar de que los desalojos actualmente están prohibidos por el contexto de la pandemia, y más aún en este caso, ya que este barrio está dentro de los que el RENABAP dispone a urbanizar por Ley nacional.

 

 

 

Covid-19, Derecho a la Ciudad, Fotografia documental, Notas

Lo cotidiano en la toma de Guernica. La lucha por un espacio para la vida.

Autor: Miguel Caamaño y Javier Orlando

 

Desde el lunes 20 de julio se estima[1]  que 2 mil familias de tres barrios de la zona decidieron tomar un predio de 100 hectáreas del Barrio Numancia, en el Partido de Presidente Perón, al sur del conurbano. Necesitadas de un espacio para la vida, las familias ocuparon el predio que se encontraba en estado de abandono desde hace más de 40 años.

El barrio, esta formado por cuatro zonas: 20 de Julio, San Martín, La Unión y La Lucha, cada una de estas zonas tiene unas 20 a 25 manzanas con unos 18 a 22 lotes, con accesos y calles internas que proponen la integración a la traza urbana existente promoviendo la continuidad de las mismas.

El trabajo por parte de las familias es constante, realizan ollas populares que brindan el sustento diario de alimento a los y las pobladoras. Tambien estan trabajando en el proyecto para las viviendas, los espacios verdes, las salitas, asi como espacios de recreación, jardín de infantes, un centro cultural con apoyo escolar, merendero, comedor y actividades culturales.  

Los cuidados frente al COVID-19, no fueron fáciles de efectivizar debido a las condiciones del hábitat y la vivienda. El acceso al agua segura para consumo y la energía eléctrica son limitados o nulos.

El trabajo sostenido que realizan las familias para autoproducir su hábitat se puede observar en las fotografias que compartimos. El derecho a la vivienda y a la ciudad se invisibiliza cuando se criminaliza la lucha por un espacio para la vida. 

Como arquitectes, la revisión crítica de estos procesos nos moviliza a pensar constantemente cómo desarrollar procesos hacia la universalización de conocimientos y la construcción de políticas públicas que incluyan como parte de sus objetivos el acompañamiento técnico-profesional. De esta forma, pobladores y trabajadores del hábitat seguimos en conjunto, construyendo un camino para promover la transformación necesaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Si bien todavía no se realizó un censo, las diferentes organizaciones locales estiman una población de de 2000 familias  que equivalen a 10000 personas.

Arquitectura, Articulos, Covid-19, Derecho a la Ciudad

MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN CAMPO UNAMUNO

Autora: Maite Niborski

 

Esta semana reiniciamos junto con la cooperativa de Campo Unamuno y la federación de cooperativas del movimiento evita, las obras de 32 mejoramientos habitacionales en distintos barrios de Campo Unamuno, Villa Fiorito, Lomas de Zamora.
En estos tiempos de cuarentena y aislamiento social fueron paralizadas, al mismo tiempo que se hizo visible la necesidad histórica del acceso a una vivienda saludable.
Estas obras son producto de varios años de lucha de sus pobladores, proceso que acompañamos desde el 2016, y que tiene el sentido de mejorar la calidad de los espacios de la vivienda para la vida cotidiana.

La mesa de trabajo de Campo Unamuno se gestó en el año 2012 por la preocupación de referentes de los distintos barrios que conforman Campo Unamuno para mejorar las condiciones de habitabilidad del lugar donde viven[1]. Con apoyo de la Defensoría General de la Nacion y la organización barrial consolidaron la mesa, instrumento que les permitiría tener representatividad de las demandas sociales del territorio en el municipio, a través de la causa Mendoza. Demandas en relación a la contaminación del suelo y del agua, de la necesidad de acceso a los servicios básicos de electricidad, cloacas, agua para consumo humano, gas y tratamiento de los residuos solidos urbanos, así como mejorar las condiciones de las viviendas.

En 2010 a partir de la causa mendoza, se firmó el Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo[2], a ejecutarse en etapas. Para Campo Unamuno se resolvió la producción de 217 mejoramientos habitacionales. A estos fines, se conformó la Cooperativa de Trabajo Campo Unamuno, con la idea de que los propios vecinos del barrio sean quienes produzcan las mejoras. Y se inició un proceso de gestión para retomar las obras, que nos encontró con la organización. Desde hace 4 años Proyecto Habitar y representantes barriales que conforman la mesa de trabajo y la cooperativa de trabajo de Campo Unamuno, trabajamos de forma conjunta para llevar adelante las obras de mejoramiento habitacional en los barrios D.A.M., 3 de enero, Libertad, 1° de Octubre y 2 de Mayo.

Desde el 2016 a la actualidad, trabajamos en distintos convenios por un total de 139 mejoramientos de viviendas, de las cuales 28 fueron terminadas, 15 están en obra actualmente, 2 quedaron frenadas, y 94 aún no están iniciadas. De los 4 convenios celebrados para las obras, 3 se encuentran paralizados por falta de pago de los organismos responsables, y el cuarto reinicia esta semana con escasos recursos y desembolsos inciertos, que dificultan su proyección. En el tiempo que llevan los trámites que suceden a las distintas oficinas estatales, entre relevamiento, proyecto, presupuesto, pliego, licitación y firma del convenio; y finalmente desembolso y comienzo de obra, se ha transformado la realidad económica del país con su consecuente impacto en los costos de la construcción y en la necesidad de les pobladores para mejorar su hábitat. ¿Cómo inciden los tiempos y las demoras en los pagos sobre la aplicación de los programas de mejoramiento habitacional en el territorio?

 Cuando se firmó el convenio en 2016,  el valor del m2 de obra rondaba los $13.000, el valor del dólar estaba a 15 pesos, lo que daba un valor de $400.000 para hacer la mejora. El convenio estuvo inactivo hasta 2019, donde se dispusieron los recursos para iniciar. En ese entonces, el valor de obra había pasado a $30.000 /m2, el valor del dólar había aumentado a $45, y el monto del convenio se mantuvo invariable; lo que provocó que los mismos $400.000 sirvieran para hacer una obra que contemplara las condiciones sociales de las familias, la mano de obra, los materiales, las herramientas y el trabajo profesional. El costo de los materiales y herramientas no se pudo sortear; esto implicó una restricción en la posibilidad de transformar materialmente el espacio para les pobladores, así como la precarización del trabajo de la cooperativa y del equipo técnico. Precarización que se visibiliza en las remuneraciones de quienes trabajamos, pero también en las condiciones en las que se desarrolla la práctica; dificultando el acceso a insumos básicos de oficina, movilidad, víveres; elementos de seguridad e higiene, y herramientas que mejoren la producción.[3]

A la vez implicó tomar decisiones sobre lo prioritario, en un contexto de urgencia. Construir más metros cuadrados y relegar las terminaciones en los casos de hacinamiento crítico, construir menos metros, priorizando condiciones de confort térmico e hidrófugo en casos de deficiencias pulmonares crónicas, entre otras. Una reducción de las transformaciones posibles, que no terminan de dar respuesta al déficit habitacional.

Esta situación se agravó con la inestabilidad en los pagos por parte de los organismos. Debíamos certificar acorde al plan de trabajos mensualmente, pero los pagos de cada certificado a la cooperativa se realizaban cada tres meses, situación que nos demandó proyectar una obra que permitiera estirar los recursos de un mes en 3 meses, y que se sostuvo hasta que debimos paralizar las obras por falta de pago.

El aporte del acompañamiento técnico en este sentido resulta fundamental para hacer valer los escasos recursos. Radica en el trabajo sostenido para ajustar las posibilidades de materialización a las condiciones dinámicas de la realidad, producto de los retrasos en los pagos que disponen los plazos de la burocracia, y las necesidades variantes de la población. Requiere un trabajo sostenido, porque demanda resoluciones provisorias, ajustes en los programas y planificaciones, situar los proyectos a las necesidades actuales de les pobladores, y a las posibilidades materiales de transformación.

En Argentina 12.000.000 de personas habitan en viviendas inadecuadas, de los cuales el mayor porcentaje consiste en viviendas recuperables. Los programas de mejoramientos habitacionales son necesarios y valiosos, en tanto posibilitan el rescate de lo producido social y espacialmente por les pobladores; y dan respuesta a mejorar las condiciones de precariedad material de la vida cotidiana. Contemplar el impacto del tiempo, en la desvalorización del recurso estatal dispuesto y su relación con la posibilidad de acción en el territorio, es necesario para ir hacia programas más dinámicos; con el sentido de que los recursos que se disponen, estatales y también sociales, se reflejen en un resultado en la mejora de las viviendas para la población.

 

[1]El asentamiento denominado “Campo Unamuno” se sitúa en el Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, en el extremo noreste de ese distrito, delimitado por el arroyo Unamuno, el Camino de la Ribera, la calle Hornos y la calle Chivilcoy. Se encuentra a su vez, dividido en nueve barrios: “Libre Amanecer”, “Soledad”, “La Lonja”, “1o de Octubre”, “Diego Armando Maradona”, “3 de Enero”, “17 de Marzo”, “2 de Mayo” y “Libertad», con una población, aproximada de 7.000 familias. Fuente: https://www.mpd.gov.ar/index.php/programas-y-comisiones/231-equipo-de-trabajo-rio-matanza-riachuelo-wp/1743-campo-unamuno

https://auno.org.ar/vecinos-de-villa-fiorito-en-lucha-por-la-urbanizac/

[2] El Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo determina dar respuesta a 17.771 soluciones habitacionales en barrios populares de los 14 municipios de la cuenca, de las cuales se entregaron 3.725 (el 20% en 10 años), y 6.000 obras figuran iniciadas.

[3] Para ampliar sobre las condiciones del ejercicio profesional en el hábitat popular, se recomienda la exposición de Ricardo de Francesco en la mesa de Diálogos Urbanos, Ciudad Pendiente capitulo 3, organizada por el Colegio de Arquitectos de Rosario. Link: https://www.youtube.com/watch?v=HM7Qvc6yST8

 

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Impactos del COVID-19 en el barrio Ferroviario, “La Victoria” de San Fernando.

Autora: Ma. Eugenia Jaime

 

Hace más de dos años un grupo de familias ocupó tierras del barrio Ferroviario, dando origen a una nueva urbanización “La Victoria” de San Fernando (ver video).

Ocupa una franja de tierra de 1 ha (una), lindera a las vías del ferrocarril General Mitre. La población que allí habita, presenta grandes dificultades para acceder a los servicios públicos de infraestructura de agua, electricidad y cloaca y un alto porcentaje de desocupación o de ocupación informal. 

La Victoria, como lo llaman sus pobladores está dentro del perímetro identificado con el nombre Ferroviario en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), declarado de interés público por la Ley Nacional 27.453. Detrás de un largo muro se encuentran dos portones que las 140 personas que conforman el barrio tienen que atravesar para llegar a sus hogares.

El servicio eléctrico, es precario, una manzana se sirve de un poste de alumbrado que se ubica a más de 300 metros y la otra está servida por una extensión acoplada a un antiguo tendido, que se ubica dentro del predio. No posee medidores individuales y sufre cortes y caídas de tensión. Con respecto a la red de agua potable, tienen una extensión precaria que se sirve del agua de un tanque ferroviario, pero no es apta para beber.

La calidad de los senderos es regular y la débil conexión con la calle no permite el acceso de camiones de recolección de residuos. Se incrementa la dificultad de transitarlos cuando la caminata es con botellas y bidones de agua que tienen que cargar en una canilla del otro lado del muro para acceder al agua. Lo mismo ocurre con el abastecimiento de energía para la calefacción y cocción de alimentos. La red de gas es inexistente, hecho que provoca la utilización de gas envasado en garrafas de 10kg y, en algunos casos, el uso de leña.

Dentro del barrio existen algunas instituciones, tales como el Comedor y Merendero “La Victoria” y la iglesia “Ministerio internacional Luz en Victoria”. Con respecto a los a establecimientos escolares de nivel inicial, primario y secundario, estos existen en las inmediaciones del barrio (menos de 1km); lo mismo sucede con las infraestructuras para la salud. 

Los cuidados frente al Covid, no fueron fáciles de efectivizar debido a las condiciones del hábitat y la vivienda. En un comienzo era difícil conseguir que los niños se queden en sus casas. En dos oportunidades el municipio llevo botellas de agua un bidón de lavandina para cada familia.

La falta de agua potable se convirtió en un obstáculo y no contaron con asistencia municipal para el abastecimiento ni para la prevención. Hubo al menos dos casos positivos que no consiguieron ser asistidos en sus domicilios. El tratamiento y la prevención estuvo a cargo de cada familia a través del uso del barbijo y alcohol en gel.

Las familias quedaron en su mayoría desempleadas, en parte por la alta tasa de empleo informal. Quienes trabajaban formalmente primero fueron suspendidos y luego despedidos.

Los préstamos, las ollas populares, los merenderos, y en algunos casos las salidas de cartoneo palearon la situación. Hubo también ayuda de personas sin fines de lucro que llevaron bandejas de comida, ropa, etc.

Quienes recibieron el ingreso familiar de emergencia se vieron favorecidos. Algunas familias pudieron comprar material para mejorar sus casas que estaban muy deterioradas, otras compraron mercadería.

La crisis sanitaria sumada a la crisis urbana-habitacional esta golpeando fuertemente a las familias del conurbano quienes están recibiendo en su cuerpo el castigo por una desigualdad estructural que necesita urgente políticas redistributivas, tanto económicas, como de suelo urbano.

 

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No al Muro, SI a la Urbanización

Autores: Eugenia Jaime;  Gastón Janza; Gabriela Torrents

 

Tras un poco más de 2 meses del inicio del proceso de Asesoría Urbana en el Barrio Ferroviario, localizado en San Fernando, y luego de experimentar un continuo intercambio semipresencial, tuvimos la oportunidad de encontrarnos y tener la primera asamblea barrial.

Participaron alrededor de 20 familias de las 42 conforman la manzana tres y cuatro. Además, participaron otros actores que forman parte del proceso de gestión social del hábitat desde lo jurídico, lo cultural y lo urbano-habitacional. El objetivo de la asamblea fue construir conjuntamente un estado de situación frente a la problemática del acceso a la vivienda y al hábitat en el contexto del Covid.

Los problemas que señalaron les pobladores fueron, la falta de agua potable, la conexión eléctrica deficitaria y los peligros de incendio y corte de luz, la necesidad de cloacas, veredas, e infraestructura para la separación de residuos. En particular relataron las amenazas que enfrentan del personal del Ferrocarril, quienes quieren construir un muro que los dejarían con un pasillo, sin luz, sin posibilidad de entradas de vehículos ni ambulancias, sin espacio de esparcimiento. Esta calle, paralela a la reja de las vías del ferrocarril hoy es un espacio de intercambio, circulación, protección y seguridad para mujeres y niños, una calle peatonal, de transito lento que comunica la estación de Ferrocarril Victoria con la avenida Sobremonte.

El intercambió tendió un puente para problematizar las situaciones relatadas e identificar que el interés que los reúne a cada une es la mejora del barrio, en su totalidad, el cuidado de los bienes comunes y el derecho a acceder a un hábitat justo. El encuentro fue una gran oportunidad para escuchar a les habitantes y las problemáticas cotidianas individuales y colectivas, desde una perspectiva de acceso a los derechos urbanos.

En primer lugar, la asamblea permitió acordar en la urgencia de resistir al cierre de la calle de las Vías para cuidar el espacio de todes. En segundo lugar, se constituyó en una piedra angular para la creación de una mesa de urbanización que reúna los intereses de cada manzana, de cada familia, de cada institución que trabaja cotidianamente en la construcción social del barrio.  Un espacio para poder seguir dialogando, trabajando y proyectando.

De esta forma, pobladores y trabajadores del hábitat seguimos en camino para promover una transformación urbana que aproxime aquello que tanto sueñan como Barrio Ferroviario.

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Barrio Ferroviario, entre la autogestión barrial y las políticas urbanas en barrios populares

Autoras: Ma. Eugenia Jaime, Ma. Gabriela Torrents
Colaborador: Gaston Janza

 

Hace 2 meses, en Proyecto Habitar iniciamos un proceso de Asesoría Urbana en el Barrio Ferroviario, localizado en San Fernando. Este barrio se conformó a partir de una nueva toma de tierras en el año 2019, momento en el que las primeras 10 familias de habitantes se organizaron en una comisión vecinal desde la cual comenzaron a generar distintas acciones para mejorar el espacio barrial. Ese mismo año fueron incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Actualmente viven 120 personas que gestionan y luchan a diario por alcanzar el derecho a la vivienda y a la mejora del hábitat, resistiendo a la violencia y los obstáculos que han puesto en su camino distintas áreas del municipio de San Fernando y la empresa Ferrocarriles Argentinos. Este barrio se integra con las manzanas 3 y 4 al viejo barrio Ferroviario, que se originó en 1960, por lo que su lucha se suma a un proceso de más de 50 años de vulneración de derechos.

Uno de los productos que hemos realizado en esta primera etapa, ha sido una infografía para trabajar con les pobladores de las 42 viviendas un proceso de urbanización apropiado y consciente, incorporando datos vinculados a las características de la población del barrio, identificando cantidad de niñes y adultes; el porcentaje de tipologías de viviendas, según el tipo de materiales predominantes; una breve cronología del proceso de transformación del barrio y del AMBA; algunos datos jurídicos que acompañan su reclamo, como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que presenta el derecho a la vivienda como un derecho consagrado; elementos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos de 4° generación, y algunos fragmentos de la Ley de Integración socio urbana de barrios populares. Además presentamos algunas alternativas para la cobertura de infraestructura de servicios básicos, favoreciendo el carácter autónomo y sustentable que actualmente les pobladores le han otorgado.

En el actual contexto, la lucha por el derecho a la vivienda en el Barrio Ferroviario continúa, con la expectativa de poder avanzar en una transformación urbana que promueva “un barrio para la vida”. En este sentido, las políticas de urbanización de barrios populares que se han anunciado a nivel nacional desde la Secretaria de Integración Socio Urbana son prometedoras para este caso, por su orientación a fortalecer la organización socio comunitaria y la participación de quienes protagonizan los procesos de gestión: les pobladores. El diseño de proyectos de infraestructura urbana y de mejoramiento del hábitat son puntos de partida para generar articulaciones con las organizaciones sociales y los problemas del territorio, que tiendan a dar respuestas espaciales apropiadas y sostenibles que transformen la desigualdad urbana que históricamente han vivido.    

 

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LEY DE ALQUILERES. Avances y desafios en la lucha por el acceso a la vivienda

Arq. Teresita Sacón

 

 

Desde el primero de julio, con su previa publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, rige la nueva ley 27.551[1], la cual introduce cambios en la regulación de los contratos de alquiler con destino de vivienda. El 16% de los hogares de Argentina[2] acceden a la vivienda a través del alquiler. Esta forma de acceso a la vivienda, está mediada, en nuestro país, por un contrato entre privados, donde las condiciones desiguales entre las partes se constituyen muchas veces en relaciones de abuso, quedando el derecho a una vivienda digna  muy lejos de alcanzarse.

El alquiler, como forma de acceso a la vivienda, ha sido en muchos momentos de la historia un detonante que ha movilizado a la población a transformar las condiciones que lo rigen. La propuesta de una ley nacional, gestada por lo organización de Inquilinos agrupados, ha retomado estas luchas históricas, con el apoyo y trabajo de otras organizaciones como Habitar Argentina[3]. 

La ley busca avanzar en la promoción del rol del estado como regulador del mercado de alquileres, creando el Programa Nacional de Alquiler Social. Allí se propone incorporar como grupos prioritarios a las mujeres que sufren situaciones de violencia de género, jubilados, pensionados, titulares de la prestación de desempleo y cualquier otra persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Este Programa trabajará en la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles. También, dispondrá del desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

Otro punto relevante de la nueva ley, es la extensión del plazo de contrato, lo que brinda algo más de estabilidad a las familias inquilinas. Brindando un plazo mínimo de la locación de inmueble por tres años.

Cabe señalar que propone una nueva regulación sobre el precio de los alquileres. Se propone un ajuste anual de los alquileres, el mismo se calculará con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios (el índice Ripte) y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec (IPC). Este índice será elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).

Los puntos señalados anteriormente son relevantes a la hora de regular los contratos de alquiler, sin embargo existen conflictos que atraviesan les inquilines en la lucha por el acceso a una vivienda digna que no sólo tienen que ver con el abuso económico que principalmente se regulara a través de esta ley.

Les inquilines muchas veces tienen que acceder a vivir en viviendas que tienen humedad, no ventilan, no tienen acceso a los servicios básicos, y que frente a los reclamos no obtienen respuesta de los propietarios ni del estado.

Una cuenta pendiente de esta  ley, es abordar  la regulación y mejora de las condiciones habitacionales de quienes acceden a la vivienda a través de los alquileres informales.

En este sentido la ley es un valioso aporte en el proceso de garantizar mejores condiciones de hábitat para les inquilines. Sin embargo, queda aún mucho por hacer en tanto instrumentos de registro y regulación de las características espaciales de las viviendas que se ponen en alquiler.

Desde una perspectiva feminista, siguiendo la propuesta de que todo problema personal es político, tenemos por delante el desafío de revisar el modo en que se celebran los contratos, y los conflictos en relación al acceso a una vivienda digna, que quedan invisibilizados en el acuerdo entre privados. El camino hacia el acceso a la justicia es un camino muy difícil de transitar para quienes tienen menos recursos, menos poder, y sus voces no son escuchadas. De esta manera,  para terminar con los abusos que someten a gran parte de la población que busca acceder a una vivienda, resulta necesario trascender el carácter privatista de la relación entre ambas partes.

La perspectiva es garantizar el derecho universal de acceso a una vivienda digna. En este sentido, es necesario avanzar en construir el rol de un estado que garantice a quienes tienen la necesidad, este derecho vulnerado, promoviendo registros y regulaciones que colaboren con mejorar las condiciones habitacionales de toda la población.

[1] Publicación en el Boletín Oficial Link para ver publicación

[2] Según datos de Censo 2010, INDEC.

[3] Presentación de HABITAR Argentina e HIC-AL de la ley de Alquileres. Link para Ver el video

Asesoria Urbana, Derecho a la Ciudad, género, Sin categoría

Proyecto Promotoras de Hábitat Saludable

A pesar de los tapabocas, y los metros de distancia sucedió el encuentro. En La Matanza, un grupo de mujeres se reúnen para promover proyectos colectivos que mejoren el espacio donde transita la vida cotidiana de los barrios populares.

Desde Proyecto Habitar impulsamos un proceso de formación popular de Promotoras de Hábitat Saludable que se apoya en las experiencias de producción y reproducción del hábitat en los asentamientos informales desde la perspectiva del género femenino. Con esta propuesta, convocamos a un grupo de mujeres que tienen el interés de aprender qué es el hábitat saludable, entendiéndolo como un derecho en construcción, que trascienda parámetros cuantitativos e involucre el protagonismo de les habitantes en la transformación de los espacios a la luz de los problemas que se construyen y postulan junto con los profesionales del hábitat.

En el contexto de aislamiento social y atravesadas por la histórica desigualdad espacial y de género comenzamos con la promoción del acceso al conocimiento a un hábitat saludable y el derecho a la educación. Hemos visto que son moneda corriente los conflictos por el uso del celular, el aumento de consumo de datos, la incorporación del gasto en impresiones y fotocopias que afecta los magros recursos. El acompañamiento a les niñes en las tareas se incorpora al trabajo reproductivo que recae mayormente en las mujeres en condiciones espaciales desfavorables. Estos conflictos tensan las relaciones sociales que se desarrollan en la vivienda y sofocan los esfuerzos que la población realiza por sostener las tareas de trabajo y estudio dentro de la vivienda de manera saludable.

En ese sentido, identificamos la necesidad de promover puntos barriales para el acceso a internet, útiles y equipamientos, que nos permita sostener el encuentro de manera virtual entre pobladores y arquitectes, y que le permita a la comunidad descargar los materiales informativos y didácticos suministrados desde el equipo de promotoras de hábitat saludable, la escuela, o realizar trámites, entre otras cosas.

El proceso se propone permeable, abierto a las inquietudes que nos atraviesan cotidianamente. El Proyecto Promotoras de Hábitat Saludable es una propuesta, una de las invitaciones que hace Proyecto Habitar para encontrarnos profesionales del hábitat y pobladores construyendo un proceso de formación que nos permita conocer más sobre el hábitat que protagonizamos y que queremos transformar.

 

 

             

Articulos, Covid-19, Derecho a la Ciudad

A LOS 80 DIAS DEL AISLAMIENTO

Autora: Gabriela Torrents, arq 

Los 89 días que han pasado desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del COVID-19 como pandemia, nos han expuesto a transformaciones contundentes a nivel mundial. Al inicio del periodo de aislamiento, el equipo de investigadores de Proyecto Habitar nos propusimos realizar dos informes con relatores de diversos países de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de analizar el impacto en la organización espacial y social que produjeron las medidas políticas implementadas en cada país. En el primer informe, registramos que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. En el segundo informe, identificamos enormes esfuerzos sociales para hacerle frente tanto a la enfermedad como a las medidas de prevención, principalmente de aquellos sectores que presentan condiciones espaciales adversas.

En Argentina, han transcurrido 80 días desde que inicio el período de Aislamiento Social, Preventivo Obligatorio, el mismo ha adoptado formas diversas según la propagación del virus y el aumento de contagios en las regiones del país. Este proceso ha sido heterogéneo y fluctuante, generando impresiones y debates desde distintas posiciones, tanto a favor como en contra de dichas medidas. En el último anuncio, el presidente Alberto Fernández planteó que el país aún no ha superado el problema de la pandemia, y que la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio tendrá continuidad donde haya circulación comunitaria del virus. En este proceso el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ha sido la región más afectada del país, en comparación con otras donde la circulación comunitaria del virus se encuentra controlada.

En esta oportunidad, enfocaremos nuestro análisis en la transformación del hábitat del AMBA, donde se concentra el 90% de contagios del país, y también donde este equipo de arquitectes lleva adelante su práctica profesional, específicamente en barrios populares. Respondiendo a una demanda histórica de los 14 millones 800 mil habitantes, los distintos niveles del Estado han presentado medidas vinculadas al mejoramiento del hábitat, que restituyen su rol clave y la responsabilidad de favorecer transformaciones habitacionales y urbanas que respondan de manera integral a los problemas que se construyen en el territorio. La situación de fragilidad que viven les habitantes se inscribe en una lógica de territorialización de la desigualdad, que antecede el contexto de emergencia sanitaria actual. Desde este equipo de investigación, reconocemos que la perspectiva histórica del problema es un aporte clave para entender el presente y proyectar las transformaciones necesarias.

En esta oportunidad, nos enfocaremos en analizar cuáles son las políticas de hábitat que se implementan en el AMBA, que transformaciones se registran en la organización social y espacial a partir de su implementación, analizando particularmente qué sucede en los barrios populares.

¿Qué políticas de hábitat se promovieron en el AMBA?

Para abordar las medidas políticas de hábitat, específicamente en el territorio del AMBA, es necesario restituir algunas medidas nacionales, debido a su capacidad de incidencia en los modos de habitar del conurbano bonaerense en el contexto de aislamiento. En el trabajo de los informes anteriores, hemos mencionado algunas de ellas como el ingreso Familiar de Emergencia, el plan Argentina Construye, el dispositivo DetecAr, El barrio cuida al barrio, que sin duda han generado transformaciones en la vida cotidiana de les pobladores.

Desde el inicio del periodo de aislamiento las políticas públicas de hábitat nacionales se enfocaron en la atención del contexto de emergencia que se desataría durante los próximos meses. Esta revisión nos permite tener un panorama general sobre los aspectos que se han considerado prioritarios.
En primer lugar, el 18 de marzo, el Ministerio de Obras Públicas, tomando la prevención del Ministerio de Salud sobre el futuro incremento de contagios, anunció la construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia, ampliando a 840 las plazas los espacios de internación, y ofreciendo atención las 24 horas para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia.

Le siguió el 24 de marzo el decreto sobre la suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales para el desarrollo de la vida diaria en el marco de la emergencia sanitaria, disponiendo que las empresas prestadoras de servicios tales como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable, no puedan suspenderlos por falta de pago (hasta 3 facturas consecutivas o alternas).

El 29 de marzo se congelaron temporalmente los precios de los alquileres y se suspendieron los desalojos por falta de pago hasta el día 30 de septiembre. También se prorrogaron, hasta la misma fecha, la vigencia de los contratos de locación que fueran posteriores al 20 de marzo.
El 14 de abril se lanzó el Programa El Barrio cuida al Barrio, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que si bien estaba enfocado a la prevención desde promotores barriales, se contempló una segunda etapa destinada al mejoramiento edilicio de espacios barriales, en articulación con comedores, merenderos y centros comunitarios.

La medida más reciente fue anunciada el 14 de mayo. El programa federal Argentina Construye de la Secretaria de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, contempla la reactivación económica en contexto de emergencia, a partir de la construcción de 5.500 nuevas viviendas, el financiamiento de 42.900 refacciones que incluyen obras de gas, electricidad e infraestructura sanitaria, el otorgamiento de microcréditos para la adquisición de materiales de construcción y la realización de obras de pequeña escala, así como el acondicionamiento de espacios comunitarios en barrios populares. Esta iniciativa prevé la generación de 750 mil puestos de trabajos directos e indirectos entre 2020 y 2021, articulando junto a provincias, municipios y organizaciones de la comunidad.
Por otro lado, siguiendo los lineamientos expresados por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat elaboró el «Protocolo de Prevención del COVID-19 en Obras de Construcción», a fin de garantizar la salud de trabajadoras y trabajadores que retomen sus actividades en obras de construcción.

Por su parte, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al decretarse la emergencia, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos enfocó su trabajo en el desarrollo de centros de atención de salud, agilizando obras en las diferentes escalas que tiene el sistema público: Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), hospitales modulares, mejoramiento y refacción, terminación de centros de salud.

En abril, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) instaló oficinas-conteiner en los barrios El Garrote (Tigre) y Puerta de Hierro (La Matanza), que forman parte de los barrios con los que se habían iniciado procesos de proyecto y ejecución de obra. Esta medida tuvo por objeto entablar la comunicación con estos barrios involucrados en los procesos socio-urbanos que lleva adelante OPISU, a pesar de las dificultades que implica el aislamiento.
En la provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, se anunció la puesta en marcha de 224 proyectos a través del Plan Argentina Hace, en articulación con los gobiernos municipales, con la perspectiva de generar más de 8.000 nuevos puestos de trabajo, encender la economía y garantizar el acceso a derechos. Los proyectos están orientados a agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social.

También, se anunció la construcción de 12 Unidades Sanitarias Carcelarias, sumando un total de 228 plazas para asistir a las personas detenidas afectadas por el COVID-19 y evitar contagios dentro del Sistema Penitenciario Bonaerense.

En junio, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, con el objetivo de establecer y definir los procedimientos que se deben seguir para la prevención del COVID-19 y enfermedades cuyo vector de transmisión sea el mosquito, aprobó un protocolo de acción para reanudar el trabajo en obras que se encontraban en ejecución, próximas a reactivarse y aquellas a iniciarse. Esto propició, que se retomaran obras en complejos habitacionales que encontraban suspendidas, para dar solución habitacional a los vecinos del distintos municipios como Moreno, Escobar, entre otros.

¿Qué transformaciones han promovido en la organización social y espacial? ¿Qué conflictos se produjeron?

Las políticas públicas de hábitat en este contexto han sido consideradas como un buen antecedente en la promoción del acceso a infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios fundamentales para el desarrollo de la vida. Aunque de estas políticas solo algunas han iniciado trabajos, han generado expectativas en gran parte de la población. La construcción de unidades sanitarias en distintas escalas de proximidad son un interesante antecedente en la implementación de políticas de transformación territorial situadas abordadas desde las problemáticas y las formas de gestión local.

Estas actividades vinculadas a la construcción de viviendas, hospitales, espacios comunitarios, han sido presentadas por las autoridades como oportunidades para la reactivación económica. Esto, en el plano cotidiano del AMBA, ha favorecido el incremento gradual de circulación de les trabajadores, tanto en transporte público, peatonal como en vehículos particulares. Esta transformación entra en tensión con el crecimiento de contagios en esta área, con valores que alcanzan los 900 casos por día.

Al mismo tiempo se han abierto distintas interrogantes con respecto a que sucederá después de la pandemia respecto a estas medidas. Sobre la regulación de los precios de los alquileres, quienes hoy son inquilinos se preguntan de qué manera enfrentarán los aumentos posteriores al aislamiento.
En el informe anterior, registrábamos que frente a los aumentos desorbitantes en las facturas del gas y electricidad se comenzaron a realizar reclamos y a solicitar planes de pago. Frente a estos hechos, una cuestión que aún no ha sido desarrollada es como se saldaran las deudas producto de las facturas impagas que toleran las empresas prestatarias.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la zona de Retiro ha concentrado el 27% de los casos. La mayor cantidad de afectades son habitantes del barrio Padre Mujica Villa 31, donde se diagnosticaron 2046 casos. El incremento de contagios de COVID-19 en los barrios populares, especialmente en las villas de CABA, han producido fuertes reclamos por parte de sus habitantes por las condiciones deficitarias en las que históricamente han vivido, alcanzando hoy consecuencias gravísimas para su salud. En cuanto al conurbano, La Matanza, Avellaneda y Quilmes han sido los 3 municipios con más contagios.

¿Qué sucede en los barrios populares?

En esta última etapa, los barrios populares se convirtieron en focos de contagio debido a las condiciones espaciales y de infraestructura deficientes en las que sus habitantes se encuentran desde sus orígenes. Situación agravada porque las insalubres condiciones del hábitat en el que han transitado su vida, ha condicionado su salud, y en muchos casos los ha convertido pacientes de riesgo: con enfermedades respiratorias, problemas de diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades que son producto, entre otras cosas, de un hábitat insalubre.

La tasa de mortalidad en esos barrios a causa del COVID-19 es de 0,92%, según el reporte diario sobre la evolución del virus. El caso del barrio Padre Mugica se ha convertido en un caso paradigmático por el fuerte impacto en la opinión pública, provocado por la muerte de varies de sus referentes históricos. Entre elles, el caso de la comunicadora popular Ramona Medida ha tomado gran relevancia debido a que en múltiples ocasiones, en distintos medios de comunicación, había expresado con fuerza las injusticias que ella como sus compañeres transitaban día a día. La imposibilidad de mantener el distanciamiento debido al hacinamiento en las viviendas, no poder higienizarse ni lavarse las manos como consecuencia de la falta de agua durante 13 días el mes de mayo; violaciones a los derechos urbanos que sumadas a las infinitas trabas con las que tuvo que lidiar durante todo el proceso de urbanización para que finalmente le negaran el acceso a una vivienda, por la incompatibilidad entre las condiciones de accesibilidad que necesitaba su hija y las que estas viviendas nuevas le ofrecían. A los contagiades de la Villa 31, se le sumaron los del Barrio Padre Ricciardelli (villa 1.11.14) con 858 positivos; el Barrio 21.24 de Barracas, 404; el Barrio 20 de Villa Lugano, 165 y el barrio 15 Villa Oculta, con 96.

Aunque en distintos medios de comunicación los comités de crisis presentaron documentos y diversas manifestaciones públicas, recién el 30 de mayo el gobierno de la CABA presentó un protocolo sanitario de actuación para las villas, tras una intimación judicial. El mismo, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, aún se encuentra en revisión, y durante este periodo obliga al Gobierno de la Ciudad a brindar elementos sanitarios, de higiene, de medición de temperatura y de agua potable para los habitantes de las villas.

En cuanto a la situación en el conurbano bonaerense, si bien el gobernador manifestó que la persistencia del aislamiento en el conurbano por el incremento de contagios de coronavirus «no es un problema privativo de los barrios populares», transcurrir en condiciones materiales precarias la cuarentena ha resultado un diferencial para miles de pobladores de estos barrios.

Entre los casos que se pueden mencionar, el de Villa Azul, ubicada en los límites entre Avellaneda y Quilmes, ha sido paradigmático, por tratarse del primer barrio popular del conurbano que registró un brote veloz de COVID-19. En este barrio de más de 5000 habitantes, donde se registraron 344 casos positivos, se aplicó el modelo de cuarentena comunitaria que bloquea los accesos al barrio, imposibilitando la circulación de personas y mercancías durante dos semanas. La política implementada en este barrio no fue la misma frente a otros focos de contagio de la zona por tratarse de sectores urbanizados, y esta desigualdad en las condiciones materiales de producción del barrio, las limitaciones de las políticas de urbanización y el contraste entre sectores despertó fuertes críticas.

En el municipio de La Matanza, se identificaron conflictos de distinto tipo. Se produjeron desalojos en toma de tierras en Ciudad Evita, González Catán y Virrey del Pino, más allá de que se decretó la suspensión de los mismos. Familias jóvenes, provenientes de barrios aledaños, intentaron ocupar terrenos para construir sus viviendas. En el barrio Las Casitas, también localizado en González Catán, sus habitantes reclamaron por el corte del suministro de agua que sufrieron durante 13 días, exponiéndolos a mayores probabilidades de contagio. Esta situación de falta de agua y electricidad, también se atravesó en el barrio localizado en Puente 13, en la intersección de la autopista Ricchieri y Camino de Cintura. En el municipio de San Martin, varias familias provenientes del barrio 13 de julio de José León Suarez fueron desalojadas de terrenos fiscales que tomaron para construir viviendas.

En José C. Paz, en el barrio Lamas de se inició un registro de les pobladores que se encuentra en esta toma, generando una aglomeración intencionada, poniendo en riesgo la salud de todes. En el barrio San Atilio del mismo municipio, les habitantes denunciaron la quema desmedida de los residuos sólidos que se vuelcan en el vertedero lindante con el barrio, contaminando el aire y sofocándolos en pleno aislamiento.

A pesar de las condiciones adversas que atraviesan los barrios populares, las organizaciones sociales que se encuentran en el territorio continúan trabajando atender a les pobladores frente a la crisis sanitaria, reforzando las estrategias de cuidado y cuando es posible las medidas de aislamiento. A pesar del temor frente al contagio, se sostienen las ollas populares y los centros de asistencia como puntos de encuentro comunitario.

Desde diversas organizaciones sociales, barriales y equipos académicos se ha abordado las implicancias de la crisis sanitaria en los barrios populares, a partir de las características y problemáticas específicas que allí transcurren. El resultado fue la elaboración de recomendaciones para la implementación de un protocolo especial de actuación frente al coronavirus en villas y asentamientos, tomando la demanda que circula en estos barrios.

Algunas reflexiones

Mucho se ha dicho sobre la exacerbación de las desigualdades durante esta pandemia, y de las contradicciones que ha evidenciado este momento histórico, en especial sobre el proceso de urbanización en la lógica de producción actual. Esta es una enfermedad que, en contraposición a lo que han dicho varios filósofos contemporáneos, no es democrática. Su avance no reconoce fronteras, pero sí reconoce sectores sociales. Y en esta relación, es pertinente reconocer también que los sectores sociales habitan la ciudad de forma desigual, según su condición de propietarios, su localización en el espacio, sus trayectorias habitacionales, el acceso efectivo a la ciudad y sus beneficios. Allí se evidencia la desigualdad urbana.

En este contexto adverso, nos preguntamos ¿cómo construir las condiciones necesarias para alcanzar una transformación estructural? Resulta urgente proyectar e implementar aportes multidisciplinares que contrarresten el efecto de la pandemia, pero por sobre todo el efecto de la desigualdad histórica que sacude hoy con más fuerza.

Decretar una nueva normalidad con buenas intenciones no parecería suficiente. La falta de agua, el riesgo ambiental, el hacinamiento en la vivienda, los abusos y represiones de las fuerzas policiales sigue siendo moneda corriente. Entendemos entonces que es necesario problematizar como llegamos acá, cuáles han sido las reglas que dieron forma a una ciudad que somete y excluye a les habitantes de los barrios populares, les trabajadores que sostienen la producción urbana.

Resulta interesante la orientación en dirección a los sectores populares de varias líneas de las políticas públicas de hábitat. El reconocimiento del aporte del trabajo que realizan les habitantes y  de las preexistencias físicas. La cuestión de la vivienda sigue apareciendo en agenda como una necesidad fundamental, en una relación con la reactivación económica que es necesario no asumir de manera lineal y deconstruir para que estas políticas no reproduzcan la desigualdad urbana de que hoy padecen millones de pobladores.

En estas líneas de transformación urbana que se están impulsando, resulta urgente la incorporación de les profesionales del hábitat. La universalización en el acceso a un hábitat justo requiere el trabajo de múltiples actores de manera articulada, profesionales del hábitat junto a colectivos sociales con preocupaciones por alcanzar condiciones habitaciones y urbanas más justas, promoviendo una redistribución de recursos más equitativa y levantando los problemas junto a sus protagonistas, para generar políticas de hábitat transformadoras.

 

Foto de Portada: Micaela Pereira

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Altos de Baraibar y la dificultad en el acceso a la vivienda

Autora: Gabriela Torrents

El proceso histórico de territorialización de la desigualdad en Argentina es un proceso de larga duración que ha tenido una fuerte incidencia en la construcción de regiones y ciudades. Ha fortalecido la consolidación de relaciones sociales desiguales y la reproducción de una lógica de producción urbana excluyente que afecta, la vida cotidiana de les habitantes de los barrios populares.

En esta nota presentaremos el caso del Barrio Altos del Baraibar, en la ciudad de Gaiman, provincia de Chubut, a través de algunas entrevistas realizadas a las vecinas que se han contactado con Proyecto Habitar, frente a las dificultades y obstáculos que han encontrado en el proceso de acceso a una vivienda. Durante el año 2016 varias familias fueron parte del proyecto del Barrio Altos del Baraibar, para la construcción de 78 viviendas de las manzanas 16 y 17, enmarcado en el Programa Haciendo Comunidad, promovido desde las cooperativas de construcción del MOCARA[1] y la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos de Nación. Las viviendas serían otorgadas a estas familias de trabajadores, que desde el año 2011 luchan por este derecho vulnerado. Sin embargo, la obra está suspendida hace más de un año, dejando sin respuesta a cientos de pobladores.  

“La lucha nuestra viene hace 9 años atrás. En el transcurso de estos nueve años se fueron perdiendo muchas cosas, sobre todo las fuerzas, entonces llegamos a esta altura desvanecidos”

En 2012, luego de años de evasivas del gobierno local, aproximadamente 80 familias acamparon durante 1 mes sobre la ruta nacional 25, reclamando asistencia al municipio en el acceso a la vivienda. El 1 de junio de ese año lograron acceder a los terrenos municipales que reclamaban, con una promesa de cesión por parte del intendente, dando inicio a un proceso de autoconstrucción sin asistencia técnica y con escasos recursos materiales para su construcción.

“… decidimos como vecinos defender nuestra tierra. Muchos de nosotros necesitábamos salir de las casas de nuestros padres para construir las nuestras. Todos estábamos anotados en el municipio, nos decían que teníamos que tener antigüedad de 2 años viviendo en Gaiman y nosotros habíamos nacido acá…”

“…desde el 1 de mayo nos agrupamos, éramos 80 familias que fuimos a cuidar esas tierras municipales. Decidimos ayudarnos y nos plantamos. Hicimos una casita para quedarnos, comíamos ahí, cada familia cuidaba, nos turnábamos. Lo hicimos para que nos escucharan. El 1 de junio finalmente nos cedieron los terrenos municipales…” 

En 2015, en un proyecto gestado desde el Municipio, el Ministerio de Planificación de la Nación y la red de cooperativas de construcción MOCARA, se les propuso participar de la construcción de un barrio en esos terrenos y la posibilidad de ser adjudicatarios de esas viviendas. Para esto, elles debían demoler lo construido, volviendo a la situación en la que se encontraban antes de la toma, con la perspectiva de poder acceder, al año siguiente, a una vivienda propia. Las vecinas cuentan que en junio de ese año se inició el proceso de adjudicación y el trabajo en las obras, en el que varias de ellas participaron como ayudantes.   

Desde el año 2019 la obra se encuentra suspendida, quedando la manzana 16 en un avance del 40% (según el último relevamiento realizado por Nación) y la manzana 17 solo con los trabajos de movimiento de suelo terminados. La situación de precariedad habitacional de les pobladores se profundiza: familias enteras alquilan habitaciones, o comparten su vivienda con otros familiares, con espacios insuficientes (más de 3 personas por habitación, sin ventilación, con humedades) y servicios básicos precarios (1 baño para más de 2 familias, instalaciones eléctricas precarias), en las cercanías del barrio. Con el predio de la obra abandonado y sin seguridad, las adjudicatarias decidieron hacerse cargo de su cuidado durante varios meses. Organizando turnos, armando parejas que hicieran guardia durante las noches. Esta situación, para mujeres al frente de hogares monomarentales, se volvió insostenible. Hoy, luego de varios reclamos, el cuidado del predio lo asumió el municipio. Sin embargo, no hay respuesta sobre la continuidad de estas obras.

 Las vecinas de la manzana 16 y 17 expresan la desigualdad que hoy están viviendo, que es la misma que históricamente han padecido, y como las familias se reúnen y proyectan resolver su situación habitacional:     

“Ahora a nosotros nos prohibieron meternos en los terrenos, porque no tenemos los papeles, pero tampoco nos dejan empezar a pagar el título. Nos piden que esperemos, nos piden todos nuestros papeles de nuevo porque el intendente anterior no dejó nada. Estamos a la deriva. Lo único que nos queda es meternos en los terrenos, pero un abogado y un escribano del municipio nos dijeron que no nos van a dar ni luz ni agua”  

“Ya hay 29 familias que están terminando las viviendas incompletas de la manzana 16. Y nosotros en la manzana 17, somos 30 familias. Hay 2 que pudieron empezar a levantar, poniendo plata de su bolsillo. Los demás, estamos dejando pasar estos meses de frío, para poder arrancar en agosto o septiembre, levantando algo atrás en los terrenos”

En el contexto de la pandemia, la desigualdad estructural en la que viven las personas de los barrios populares se profundiza. En este caso, se suma el condicionante de que hoy, frente al aislamiento y el toque de queda que implementó el gobierno de Chubut, estas mujeres no tienen trabajo. Las vecinas entrevistadas manifestaron que ellas y muchas de sus compañeras realizan trabajos de cuidado por hora en casas de familia. El apoyo frente al COVID que proviene del Municipio, con  alimentos y artículos de higiene para acatar a las recomendaciones sanitarias tampoco es suficiente para hacer frente a la coyuntura de emergencia. A pesar de las prohibiciones del municipio, varias familias han empezado a ocupar el predio de la obra, comprando algunos materiales con los escasos recursos económicos con los que cuentan o contratando a alguien que les ayude; en algunos casos recurriendo al uso de materiales de descarte para empezar a levantar viviendas precarias por sus propios medios.

“Yo trabajo por hora, el salario lo cobre este mes y pague un alquiler que debía. Y me falta entregar otra parte el mes que viene. Un mes más y después ya no voy a poder seguir, no quiero quedar debiendo. Decidí empezar a construir, algo chiquito para instalarme, después que pase el frío. Directamente estoy buscando tirantes, chapas, lo que sea para poder cerrar el predio y poder ir a vivir ahí. Yo voy a armar una casa de madera, con chapas y nylon, como pueda la voy a levantar”

“La situación acá en Gaiman está muy complicada. Uno puede ver compañeros que están viviendo en casitas de cartones con nylon, tenemos una de las compañeras de la manzana 17 que ha comenzado a construir con tarimas. Esto da mucha tristeza, hay niños que sufren por no tener una vivienda digna  y los gobiernos que no se esfuerzan en lo que uno quisiera que se esfuercen…Nosotros lo único que esperamos es que se pudiera terminar la manzana 17, la manzana 16 creo que ya está, no hay mucho que hacer, solamente falta que nos pongan los servicios y nada más que eso…”

Las vecinas de Altos del Baraibar se ponen en contacto con Proyecto Habitar, sin importar los 1300 km que separan la ciudad de Gaiman y CABA, porque entienden necesario el acompañamiento de profesionales en este proceso de lucha. Como respuesta, desde Proyecto Habitar, estamos comprometidos con la universalización del acceso al conocimiento de les profesionales, y queremos formar parte de la lucha por los derechos urbanos. 

Nuestro trabajo, que expone la denuncia de una comunidad frente al abandono, pretende favorecer  el encuentro entre organizaciones que luchan por mejorar sus condiciones habitacionales. El aislamiento no suspende el aporte que les profesionales podemos hacer a las reivindicaciones de estas demandas. En el caso del barrio Altos del Baraibar es urgente la reactivación del trabajo para la finalización de las obras, al mismo tiempo que el municipio brinde cobijo a las familias que están construyendo sus viviendas, exponiéndose a las bajas temperaturas. A partir del diálogo con estas vecinas, entendemos necesario producir un trabajo colectivo que favorezca la elaboración de proyectos apropiados y protocolos que permitan poner en marcha un proceso integral de transformación urbana, que se origine desde las necesidades de les habitantes, y permitan aproximar a las organizaciones sociales y barriales al derecho a la vivienda y a la ciudad. El desigual acceso a la vivienda requiere del aporte de profesionales abiertos a trabajar con las preocupaciones que circulan en el territorio, con consciencia de la historia territorializada de les pobladores. Esta historia de transformaciones en el espacio tiene personas, fuerza de trabajo y lucha, pero también manifiesta la violación de los derechos urbanos y la desidia histórica sufrida por sus habitantes, que frente a la omisión del gobierno anterior y de la actual gestión con el argumento de la falta de recursos municipales, profundiza una situación cada vez más desigual.   

[1] En Chubut, a partir de las políticas sociales inclusivas que se comenzaron a implementar desde 2006, se gestó una red de cooperativas de trabajo. En 2010 los grupos constituidos en cada localidad decidieron avanzar hacia la autonomía organizacional, dando origen al Movimiento Cascos Amarillos (MOCARA). Como parte de él, la asociación Hábitat, junto a cooperativas de trabajo, recuperaron una fábrica y crearon el Polo Cooperativo donde actualmente se albergan unidades productivas de componentes de viviendas. La Asociación reune a 13 cooperativas desde un acompañamiento legal, administrativo y financiero. Además, ejecuta vivienda en 11 localidades de la provincia patagónica. Fuente: https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/asociacion-civil-habitat/

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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 2do INFORME

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Análisis de las medidas implementas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial

2° Informe  

Autores: Ricardo De Francesco y Clara Mansueto

Colaboradores: Ma. Eugenia Jaime, Julián Salvarredy, Teresita Sacón, Gabriela Torrents

Relatores en Latinoamérica y el Caribe: Estado Plurinacional de Bolivia: Jancarla Loayza Medina Brasil: André de Oliveira Torres Carrasco Chile: Camila Guzman de la Sotta Colombia: Héctor Javier Mejía Salazar Ecuador: Canela Samaniego y Emiliano Samaniego México: Abrahan Rodriguez Buendia Paraguay: Guadalupe Quiñonez y Jonny Alvarenga Perú: Eleazar Cuadros Choque Puerto Rico: Lyvia Rodriguez del Valle y Mariolga Juliá Pacheco Uruguay: Alejandro Gregoric República Bolivariana de Venezuela: Larissa Slibe

 

1- INTRODUCCIÓN


A 50 días de haberse declarado la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a la luz de las conclusiones alcanzadas en un primer análisis que realizamos desde Proyecto Habitar, sobre las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial, nos parece importante continuar monitoreando la situación de Latinoamérica y el Caribe en tiempos de pandemia, para indagar en las manifestaciones específicas que esta situación incorpora a la histórica e injusta desigualdad urbana de nuestra región.
Sintetizando los aprendizajes del primer informe, podemos referir que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. Hemos relevado un general aislamiento de las personas en sus domicilios, visible en el vaciamiento de calles y avenidas de los centros urbanos y que en los barrios populares se identificaron modalidades de aislamiento distintas. Allí donde les pobladores son en su mayoría trabajadores informales y viven al día, las redes de colaboración entre les habitantes se refuerzan y multiplican para hacer frente a la cuarentena.
En este segundo informe nos interesa profundizar en el análisis territorializado del impacto de la pandemia en Latinoamérica. Nuevamente, recurrimos al trabajo de investigadores que aportaron el relato de su país de residencia, para conformar un estudio que vincula la situación sobre 12 países de Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad, la guía de preguntas fue: ¿Cómo continuaron las medidas políticas inicialmente implementadas? ¿Qué transformaciones se registran en términos espaciales? ¿Qué conflictos sociales y nuevas demandas aparecen? ¿Qué sucede en los barrios populares?
El informe tiene un primer momento asociado a la observación de la continuidad en el tiempo de las políticas implementadas y sus modos de aplicación. Un segundo momento en el que presentaremos los resultados del análisis comparativo de las transformaciones sociales y físicas que generan dichas políticas, con un acercamiento particular en los barrios populares. Por último, intentaremos reflejar los aprendizajes alcanzados a raíz de la realidad estudiada.

 

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CRONICAS URBANAS. Newsletter de Proyecto Habitar.

 

Crónicas Urbanas se propone como una plataforma de comunicación que restituirá los procesos de transformación del territorio, los problemas urbanos en los que las comunidades organizadas han reconocido un conflicto, una injusticia en su vida cotidiana y han llevado adelante acciones de transformación del espacio para contrarrestarla.

Nuestra vida cotidiana transcurre signada por una desigualdad que se reproduce sistemáticamente en el territorio, allí prevalecen relaciones de dominación, la enajenación, la mercantilización generalizada. Regulaciones que sostienen situaciones de abundancia extrema, y de igualmente extrema necesidad.

En nuestro territorio suceden las tomas de tierra, los abusos que sufren los inquilinos, las personas que vive en la calle, las personas que viven hacinadas, los pisos de tierra, el agua contaminada, los barrios linderos a basurales, arroyos, fábricas, líneas de alta tensión, son algunas de las situaciones de injusticia que conocemos.

Comunicarlas es una oportunidad para generar una mirada crítica de la producción urbana desde una perspectiva disciplinar, encontrándonos con quienes luchan, con los conflictos y con el territorio, para desarrollar nuevas lógicas de abordaje.

A través de este medio, pretendemos aportar con nuestro trabajo al de muchos otros equipos interdisciplinarios que también trabajan en este sentido, desde una mirada situada, en la región y en el sur global.

Con la finalidad de promover la construcción de una agenda urbana situada, que se construya con las preocupaciones históricas de la población que habita el territorio, que reconozca las dinámicas que integran los barrios como ámbitos de producción y reproducción, y también proyecte transformaciones promoviendo el Derecho a la ciudad para todes.

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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Análisis de las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial

 

Autores: Ma. Eugenia Jaime, Julián Salvarredy

Colaboradores: Ricardo de Francesco, Clara Mansueto, Teresita Sacón, Gabriela Torrents.

Relatores en Latinoamérica y el Caribe: Jancarla Loayza Medina (Bolivia), André de Oliveira Torres Carrasco (Brasil), Camila Guzmán de la Sotta (Chile), Héctor Javier Mejía Salazar (Colombia), Canela Samaniego Moya y Emiliano Samaniego Moya (Ecuador), Abrahán Rodríguez Buendía (México), Guadalupe Quiñonez y Jonny Alvarenga (Paraguay), Eleazar Cuadros Choque (Perú), Lyvia N. Rodríguez Del Valle y Mariolga Juliá Pacheco (Puerto Rico), Alejandro Gregoric (Uruguay), Larissa Slibe (Venezuela)

 

 

1- Introducción

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia y, a raíz de ello, en la mayoría de los países latinoamericanos se comenzaron a tomar medidas de Emergencia Sanitaria para minimizar el contagio y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario de cada país.

En este marco, atendiendo a las recomendaciones de los organismos internacionales especializados y de expertos locales, y a la luz de la experiencia de otros países, se determinó que la mejor forma que existía para evitar la propagación del virus requería de dos acciones concertadas: una vinculada a desarrollar la detección, tratamiento y prevención del virus, con acento en los procesos técnico – científicos, y otra vinculada a la desaceleración de los movimientos, que comenzó con el aislamiento de las personas en sus hogares y se extendió a la restricción de la circulación de mercaderías y la realización de eventos públicos, convirtiéndose en una medida de carácter prevalentemente espacial.

Desde la dimensión técnico – científica, las decisiones radicaron en la evaluación de los casos, su seguimiento y recuperación, para lo cual se requirió un despliegue inusual en el ámbito de la medicina. Sus instituciones y responsables públicos actualizaron o directamente realizaron los registros de capacidad de camas para internación y diversos equipos de salud.

La otra medida de corte prevalente espacial, implico una acción determinante de aislamiento físico en los domicilios particulares, con la suspensión de las clases presenciales en los tres niveles de la educación formal, y la restricción del movimiento y la circulación de personas y mercancías, con excepción de aquellas que fueran de primera necesidad.

A partir de la colaboración de investigadoras e investigadores de distintos puntos de Latinoamérica y el Caribe, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico[1], Uruguay, Venezuela, hemos realizado un documento que busca reflexionar sobre los hechos presentes en clave latinoamericana, de manera de generar algunos aprendizajes para poder seguir adelante más allá del COVID-19. Si bien no consultamos al total de países, se trata de una muestra representativa de la totalidad.

Esta inédita situación pone a nuestros países frente a su compleja realidad caracterizada por la desigualdad urbana. Un territorio injusto en sus dimensiones social, económica y cultural, con una profunda segregación socioeconómica, extendidos procesos de urbanización informal, mercantilización de los espacios públicos y de los modos de convivencia. El déficit de vivienda urbana continúa manifestándose como un problema crítico, los valores oscilan entre el 12 y el 70% y cerca de “1 de cada 3 hogares (32%) habita en viviendas inadecuadas, y el déficit de vivienda continúa aumentando”.[2]

En ese sentido, indagamos sobre la relación entre las medidas políticas y las transformaciones en la organización espacial y social. Relevamos la reacción de les habitantes frente a estas medidas y cambios, enfocándonos específicamente sobre la situación de los barrios populares.

Les relatores fueron consultados con la siguiente guía de preguntas:

¿Cuáles son las medidas políticas de prevención de propagación del virus COVID-19 que están llevando adelante en tu país?, ¿Que sucede con estas medidas en términos espaciales?, ¿Cuál es la reacción de la población frente a estas políticas?, ¿Que sucede en los barrios populares?

En un primer momento realizaremos una introducción repasando las medidas políticas que se llevaron adelante en cada país. En un segundo momento presentaremos el resultado del análisis comparado, que relaciona las medidas políticas con las transformaciones en la organización física y social (ver Anexo). Por último, ensayaremos una aproximación al aprendizaje que hemos alcanzado a partir de la realidad estudiada.

 

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[1] Puerto Rico es una Isla del Caribe que, a pesar de las denuncias ante la ONU, sigue siendo un «Estado asociado» de Estados Unidos antes denominado «Colonia», dado que reconocemos el pedido de descolonización presentado en 2016 al Comité de Naciones Unidas, y la raíz cultural que nos une como pueblos lo consideramos en el análisis como un país de Latino América.

[2] Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe. Dinámicas y desafíos para el cambio estructural (2017) Cepal. Coordinadores: Ricardo Jordán, Luis Rifo, Antonio Prado.

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Mas allá del aislamiento social

Ma Eugenia Jaime, Julian Salvarredy y Gabriela Torrents en Proyecto Habitar

 

El día 16 de marzo quedó conformada la Unidad Coronavirus COVID-19, integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT),  CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

La conformación de esta Unidad tuvo como objeto “poner a disposición de la Presidencia de la Nación y de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación todas las capacidades de desarrollo de proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura y equipamiento que puedan ser requeridas para realizar tareas de diagnóstico e investigación sobre Coronavirus COVID-19”.

El día 20 de marzo con el propósito de “proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional”, se dictó, mediante un decreto de Necesidad y Urgencia, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo de 12 días a evaluar su continuidad de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos. Esta medida buscó frenar el desarrollo de la pandemia, evitando las oportunidades de contagio masivo y al mismo tiempo, reconociendo los condicionantes que presenta hoy nuestro sistema sanitario (cantidad de plazas y respiradores en hospitales y sanatorios). De manera que el aislamiento se presenta como una estrategia para ganar tiempo y poder enfrentar este conflicto en mejores condiciones.

La medida implicó la permanencia de la población en sus residencias habituales o en el lugar en que se encontraran y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Siguiendo en esta línea, restringió el desplazamiento por rutas, vías y espacios públicos, se suspendieron todo tipo de eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, es decir, todo evento que implicara el encuentro de personas. 

Por otra parte, se efectivizó el cierre de los pasos internacionales, puertos, aeropuertos y centros de frontera, el control de la circulación de vehículos, el cierre de bancos y de locales comerciales que no brindaran artículos de primera necesidad, tales como artículos de almacén, verdulería, farmacia o ferretería. Los gobiernos provinciales tomaron medidas similares, dando distintos alcances a los cierres de sus fronteras para limitar la circulación.

Estas medidas se han manifestado en términos espaciales de la siguiente manera:

  • vaciamiento de las calles,
  • aumento del consumo de servicios habitacionales en los barrios,
  • hacinamiento en los hogares,
  • disminución del flujo de vehículos y personas
  • aumento del control social por parte de las fuerzas de seguridad
  • creciente uso de redes sociales y aplicaciones para el encuentro virtual
  • permanencia en terrazas y balcones para mantener contacto con el exterior

 

¿Cuál es la reacción de la población frente a estas políticas?

En la ciudad de Buenos Aires donde viven 3.000.000 de personas, y suelen entrar a diario un número similar la sensación es de total acatamiento. El movimiento en los barrios se produce durante la mañana. En la mayoría de los casos para abastecimiento diario.

En los barrios del conurbano bonaerense el acatamiento también es alto. Sin embargo, se producen algunas situaciones particulares de difícil resolución, como una concentración inusual de personas para retirar dinero de los cajeros o para el abastecimiento en supermercados.

En el resto del país la situación es similar, reconociéndose mejores condiciones para afrontar el aislamiento en las ciudades mas equipadas y una disponibilidad menor en las áreas mas alejadas de los equipamientos que brindan las centralidades.

 

¿Qué sucede en los barrios populares?

Los barrios populares son un tema aparte, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se concentran el 50% del total de barrios registrados a escala nacional por el Registro Nacional de Barrios Populares. La situación allí oscila entre el aislamiento total de las personas mayores o con discapacidad y una situación de cierta normalidad en los movimientos cotidianos, ya que los niños siguen jugando en las calles y pasillos de los barrios y los jóvenes continúan encontrándose en las esquinas.

Las trabajadoras y trabajadores que habitualmente se dedican a las tareas de cuidado, limpieza o reciclaje se encuentran aislados y sin dinero para el abastecimiento. Cerraron las ferias informales que en los barrios populares del AMBA movilizan un promedio de 500 personas por domingo. El abastecimiento de comercios barriales se vió obstaculizado, en muchos casos debido a que carecen de habilitaciones.

Las mujeres salen a la calle en busca de comida. Durante los primeros días los espacios comunitarios estuvieron cerrados por falta de mercadería, pero poco a poco empezaron a recibir raciones de alimentos secos de los organismos estatales.

El aislamiento agudiza los conflictos en las familias con dificultades para sobrellevar situaciones de familiares con problemas de conducta, violencia de género, adicciones, entre otros.

Estas dificultades para la organización social en el aislamiento se agudizaron debido a la persistente adversidad en la organización del espacio barrial y de la vivienda por la que atraviesan a diario las familias de los barrios populares.

El hacinamiento, la escasez de servicios habitacionales de calidad, agua, cloaca, electricidad, conexión a internet, gas, recolección de residuos, se han puesto al rojo vivo, pero no son problemas nuevos. En estas condiciones la desinfección, la ventilación y la limpieza resultan una tarea imposible, sin contar la posibilidad de acceso a los productos para llevarla a cabo.

A estos condicionantes, se suma la epidemia de dengue que se ha acentuado durante este año en los barrios populares, donde los recipientes de almacenaje de agua para la higiene contra la pandemia son potenciales focos de reproducción del mosquito. 

En este contexto, la organización y movilización social se transforma. Muchas mujeres y hombres referentes de los barrios siguen trabajando para aportar a la resolución de los temas urgentes de la nueva coyuntura, ampliando y reconfigurando las redes que posibilitan la producción y reproducción social. Empezando por informar el estado de los barrios, dar continuidad a la asistencia de alimentos y alertar sobre el riesgo de que crezca la conflictividad que generan las situaciones de violencia.

 

 

 

Producción Audiovisual: Miguel Caamaño, Teresita Sacón y Eugenia Jaime . Las imagenes son gentileza de los miembros de Proyecto Habitar (click en la imagen para ver video)

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Para ser mejores, mejores políticas urbanas

Recurrentemente, los gobiernos que asumen en cada ciclo de crisis inflacionaria y de parálisis en la actividad económica encuentran en la producción de viviendas un motor para activar la economía, poner en marcha la industria de la construcción y generar trabajo. El modo en que se dan estos procesos trae consecuencias de mediano y largo plazo que en muchos casos contradicen los objetivos inclusivos e integradores que promueven.

¿Por qué sucede esto? Para trascender las experiencias precedentes de políticas urbano habitacionales es necesario atender sus procesos y diseños específicos, complejizar las perspectivas de abordaje y fortalecer la mirada relacional escalas, dimensiones y actores involucrados para observar críticamente ¿Qué industria se pone en marcha? ¿Qué economía se activa? ¿Qué trabajo se genera? ¿Qué territorio produce?

Hay algunos datos de la actualidad que pueden constituirse en un buen antecedente, como haber pasado de promover un Ministerio de Vivienda, a uno que se denomina de Desarrollo Territorial y Hábitat. En este contexto, el nombre de cada ministerio se resignificará en la práctica. La política territorial también lo hará en la relación entre las acciones de los distintos sectores del gobiernos entre sí y en el conjunto de políticas territoriales que se constituye en los hechos. En su relación con las políticas económicas, sociales, de salud, de educación, de obras e infraestructuras, etc. Es una alerta y debe constituirse en un llamado de atención cuando el modo de sintetizar las acciones en materia de desarrollo territorial y vivienda se anuncian por los miles de unidades de casas que se van a construir.

La producción urbana y regional actual, se caracteriza entre otros por dos aspectos problemáticos: la fragmentación y la desigualdad. Observada desde la lógica de la economía convencional, la ciudad como maquinaria de reproducción del capital ha superado en las últimas décadas a su rol de escenario de producción industrial o de concentración de actividades económicas. Para la reproducción del capital, es cada vez menos importante lo que se produce, su localización, su forma, las actividades o las personas que habitan las ciudades, se trata de movilización económica. Como esta es su característica principal, poner en marcha acríticamente la economía movilizando la industria de la construcción sin otras consideraciones, implica activar estos mecanismos de reproducción de fragmentación y desigualdad.

Existe otro dato insoslayable en el desarrollo territorial que es uno de los grandes desafíos presentes: las capacidades de la industria de la construcción hoy están fuertemente concentradas, tanto en los que producen obras (como las grandes empresas que concentran las obras públicas) como sus insumos principales (acero, ladrillos, cemento). Siendo otra característica determinante lo complejo que resulta acceder al suelo urbano para la mayor parte de la población. Trascender las experiencias pasadas es entonces tomarse de los casos que asumen nuevas concepciones de actividad económica y del trabajo, y para esa trascendencia especifiquen desde nuevas perspectivas sociales, de derechos y de géneros los modos de producción de espacios urbanos, los actores involucrados y el territorio producido.

Mejores políticas habitacionales para el desarrollo territorial integrado.

En relación con las políticas de desarrollo territorial y hábitat, también hay mucho aprendizaje histórico que puede consolidarse en prácticas políticas superadoras. Hay buenas y malas experiencias en el pasado reciente. Durante los doce años previos a la etapa oscura de las políticas liberales de Cambiemos, el Estado produjo en el país más de un millón de soluciones habitacionales, pese a esto, el total de hogares en situación de déficit no varió significativamente. Entre otras razones, esto se debe a que activar economía, implica activar la producción de la industria de la construcción, y atender los requerimientos de las grandes empresas vinculadas a la construcción de viviendas.

Esto ha llevado, por ejemplo, a los grandes conjuntos de viviendas en la periferia, ya que para las empresas grandes y medianas que construyen viviendas, la construcción en serie de unidades iguales en terrenos baratos resulta productivo, requiere trabajadoras y trabajadores, y es rentable. Este tipo de proyectos implica el confinamiento de sectores populares en barriadas aisladas, sin acceso a otros servicios urbanos distintos al de la vivienda. Manteniendo condiciones urbanas inadecuadas en relación con otros derechos como educación, salud o esparcimiento, llegando inclusive a tener problemas de infraestructura o servicios básicos. Este tipo de intervenciones, históricamente fue el mayoritario en las políticas habitacionales.

Por otra parte, durante el mismo periodo se han desarrollado también múltiples experiencias de abordajes integrales, con programas que integran disciplinas y saberes, y proponen espacios que atienden modos de fortalecimiento de los actores locales y las economías de las que son protagonistas (social, popular, solidaria). Pueden tomarse muchas experiencias y muy diversas en todo el territorio, como lo fueron: algunos casos del PROMEBA, el PF-Villas, la ley de acceso justo al hábitat 14449 de Buenos Aires, la ley 341 de CABA, o la producción cooperativa. Es desde estas experiencias que pueden reformularse las estrategias que luego tiñen las políticas de reactivación. Este tipo de experiencias, minoría desde un punto de vista cuantitativo, han sido las más valiosas desde una perspectiva integral y de derechos.

Mejores políticas desde mejores perspectivas.

Desde Proyecto Habitar hemos participado en todos los frentes que han fortalecido la unidad popular para generar la fuerza necesaria para derrotar la continuidad del gobierno liberal de Cambiemos, y que han generado instancias de producción colectiva de propuestas programáticas en materia de hábitat y territorio. Hemos sostenido en todos estos foros los mismos criterios que aquí resumimos. Hemos rescatado estas experiencias y las propuestas que actualmente promovemos en conjunto con muchos otros colectivos y organizaciones en Habitar Argentina. Lo hicimos conscientes de que las propuestas programáticas de políticas urbanas y territoriales juegan su suerte en la especificación de su aplicación, y en las relaciones entre las distintas escalas y dimensiones de la política pública, muchas veces ignorada.

La arquitectura y el urbanismo tienen sentido en tanto su saber resulta en trasformaciones que mejoran la situación habitacional y urbana de los pobladores, esa es la medida de su sentido social. La participación de los profesionales en la crítica y el diseño de políticas públicas esta signada por el mismo objetivo. Conocemos las condicionantes macroeconómicas, así como la necesidad de conocer la realidad productiva actual como el punto de partida concreto de acciones urgentes que tienen en el hambre y la desocupación prioridades innegables. Aun así, entendemos que es necesario activar los mecanismos de la producción y el trabajo integrando de modo prioritario también entre los objetivos de las políticas públicas su progresiva transformación. Es decir, incluyendo en el diseño de las políticas el proceso que transforme el modo en que la ciudad hoy es producida y su rol dominante de reproducción del capital.

Por todo esto nos parece central atender la relación determinante que resulta de las políticas que se desprenden de asociar el objetivo de activación económica con la industria de la construcción y sus actores más poderosos, acciones que muchas veces se confinan en las áreas de obras de infraestructura o economía. Como complemento posterior, las políticas de desarrollo territorial y habitacional resultan así condicionadas, y muchas veces se confinan a accionar en áreas de vivienda o desarrollo social. Debemos trascender esta mirada fragmentada. Este es un aspecto central de un abordaje integral, que comprenda la totalidad del territorio, muchas veces simplificada en dualidades como informal y formal, productivo y reproductivo, público o privado, social o del mercado, modos binarios de aproximarse a la producción urbana que han favorecido una reproducción acrítica del territorio desigual y fragmentado.

La experiencia latinoamericana actual da cuenta de la relevancia de mantener alta la vara de la reflexión crítica y autocrítica, no es tiempo de autocensurarnos preventivamente, es tiempo de proponer criterios mejores. Para llevar adelante cualquiera de las propuestas de normativa o aplicación técnica que hemos consensuado y articulado entre tantos, en encuentros tan diversos, la guía debe ser un cambio en las perspectivas que construyen las políticas, las perspectivas sociales de derechos y de géneros son un eje sustancial.

El desarrollo territorial que mejora el hábitat de los sectores que lo necesitan parte de la activación económica y del trabajo que se construye junto a los habitantes de los barrios populares y sus organizaciones, desde la perspectiva social y de género, partiendo de las mejores experiencias de la política urbana reciente. Entonces, quiénes participan, quiénes deciden, dónde se produce, cómo se produce, no resultan cuestiones accesorias sino centrales. En este contexto los procesos y los proyectos arquitectónicos y urbanos son un aspecto necesario de estas políticas de desarrollo territorial y hábitat, no un complemento secundario, intrascendente o aislable. Comprendidos de este modo, son instrumentos que se inscriben en una gestión territorial inclusiva que promueve el derecho a la ciudad.

En síntesis, desde este punto de vista, el territorio integrado social y espacialmente, el derecho a la ciudad y a la vivienda, no puede ser una cuestión que se atienda luego de activar la economía y el trabajo acríticamente, y en función de las consecuencias, sino todo lo contrario. Es decir, un desarrollo igualitario social y de género, que promueve el trabajo de los actores locales, que producen las trasformaciones del espacio urbano y barrial utilizando sus recursos productivos, que movilizan así la economía de la que son parte, se fortalecen y construyen social y colectivamente una ciudad y un territorio más justos.

 

Julian Salvarredy, Proyecto Habitar

Diciembre 2019