El lunes 5 de noviembre, a las 18hs se llevó adelante, en el Instituto Patria, una charla que puso en discusión la ley 2736. Bajo el título “Villa 31 – 31 bis ¿Urbanización o negocio inmobiliario? Los panelistas invitados reflexionaron y arrojaron algunas claridades sobre el tema. Expusieron para la audiencia: Javier Fernández Castro, Martin Reibel Maier, Guillermo Marzioni, Graciela Aguirre, Juan Enríquez, Hector Cuanco y Paula Penacca.
Comenzó Javier Fernández Castro quien desde la perspectiva del proyecto arquitectónico dio cuenta de los avances y retrocesos en materia de operaciones constructivas. Fernández Castro denuncia que los cambios al proyecto general que fueron aprobados en su momento no son ingenuos. La diversidad morfológica y material de las viviendas fue recortada a una tipología y la mitad de las unidades (de un total de 2500). Enunció que el desvío de la autopista que iba a integrar a los vecinos espacialmente se sustituyó por una división al interior del barrio y un corralito externo a partir de la continuidad elevada de la autopista costera. También hizo referencia al incremento en el valor de las tierras linderas a la villa, que fueron adquiridas en este proceso por importantes desarrolladores, que ya comenzó a manifestarse en el precio de las mismas.
Luego Martin Reibel Maier, pivoteando sobre su experiencia en ONABE desde la perspectiva del papel del Estado frente a los bienes públicos, recuperó el valor social de este tipo de bienes y la necesidad de políticas redistributivas. En primer lugar, planteó que es necesario recuperar el valor social de los bienes públicos del Estado. Para ello tenemos que trabajar sobre la “técnica, el fomento y progreso de la utilización de los bienes”. En segundo lugar, explicitó que son necesarias políticas de suelo de carácter redistributivo, para ello los bienes públicos deben ser utilizados para vivienda pública. Por último, se calificó la actuación del gobierno de la ciudad en la villa 31 como una prevaricato, es decir como una actuación autoritaria que resuelve sobre temas que pertenecen a una escala superior de la estructura de gobierno. Esto lo dijo específicamente refiriéndose a la venta de predios, cambio de dirección de la traza, cambio de normativa y adjudicación privada de bienes públicos.
Para hablar de los mapeos y relevamientos realizados en 2015 para incorporar la demanda de la población, que no figuraba en el censo del 2010, Guillermo Marzioni contó el trabajo realizado por más de 500 personas. Explicó el proceso de articulación entre organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, universidades y funcionarios. Según Marzioni, el valor del trabajo realizado radicó en poner en valor las preexistencias producidas por la comunidad.
Por su parte, Graciela Aguirre denunció, desde una perspectiva jurídica, el atropello que viene llevando a cabo el gobierno de la ciudad, que se verá avalado con la ley 2736. Contó que los únicos 4 accesos que tiene el barrio para el ingreso de ambulancias se encuentran en obra y por lo tanto, a estos vehículos no se les permite acceder. Hace unas semanas hubo un incendio y las condiciones de las calles impidieron el ingreso de la asistencia hecho que se llevó la vida de 4 personas.
También expuso su experiencia Juan Enríquez de Villa Palito, en el proceso de urbanización iniciado en 1999 con el programa Arraigo. Enríquez expuso las dificultades que acarreó la urbanización y el camino que se encontró a partir de la apropiación de los vecinos de dicho proceso.
Cerrando la rueda de disertaciones, Hector Cuanco, vecino del Barrio 31, denunció la inconstitucionalidad de la ley de re-urbanización del Barrio «Padre Carlos Mugica» que promueve el gobierno de la ciudad. Esta ley viola los principios rectores de la ley marco. En el cuerpo de la ley 3.343 se ponía en valor la permanencia y la participación, entre otros valores hoy avasallados. El vecino denuncia la expulsión silenciosa que el gobierno porteño pretende consolidar, y asevera: “está trabajando para que no quede nadie”.
Por último, Paula Penacca rescató los aportes de todos y, retomando las propuestas, recordó que cuando la judicialización del conflicto no alcanza es necesario salir a las calles. Rubén Pascolini agradeció a todos la participación e invitó a seguir vinculados y difundir lo que se conversó ya que hay muy poca información sobre lo que realmente pasa.
Eugenia Jaime
Arquitecta, Urbanista.
Asesoría Urbana por el Derecho a la Ciudad
Proyecto Habitar
